La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque y otros tres del cuerpo legislativo del Centro Democrático por presunta «vulneración de los derechos a la libertad de prensa y humanos políticos de la oposición».
Según la queja disciplinaria, los funcionarios estarían implicados en la «creación y coadministración» de un grupo de WhatsApp “denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de «violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición».
Las investigaciones iniciaron después de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar presentaran las quejas y fueran reconocidos como víctimas «por las posibles faltas violatorias del derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos políticos de la oposición».
El despacho del procurador delegado para la vigilancia administrativa (e) tomó la decisión de investigar a: Claudia María Bustamante Ceballos, cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero presidencial para la transformación digital; Juan Pablo Bieri Lozano, exgerente de RTVC; Stephanie Carrillo Rhenals, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe; Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Álvaro Uribe y Camilo Alejandro Martínez Navarrete, asesor de la UTL del representante a la Cámara Juan David Vélez.
En el documento de la Procuraduría se advierte que el objetivo de la investigación será verificar las quejas interpuestas por los senadores.
«Esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y la posible responsabilidad de los investigados», dice el documento.
Entre las pruebas que decretó la Procuraduría para la investigación se encuentra una solicitud a la denominada ‘Liga Contra el Silencio’ y/o la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por un informe sobre las razones que dieron origen a las denuncias contra los funcionarios del Gobierno.
También solicitó a los senadores víctimas ampliar sus denuncias y que presenten todas las pruebas que consideren pertinentes para la investigación.
«Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado y aforados podrán ser remitidas por escrito, acompañada de todas las pruebas con las que cuenten los quejosos», dice el documento
Sobre la decisión de la Procuraduría, el congresista Sanguino emitió un comunicado de prensa en el que destaca que fue reconocido como víctima del proceso, junto al congresista Bolívar.
En el comunicado también se recuerda que la investigación de La Liga contra el Silencio advirtió que supuestamente «los funcionarios lideraron grupos de WhatsApp desde donde se movilizaban a tuiteros a escribir en contra de medios de comunicación o líderes de la oposición y posicionar discursos de odio».
Según el comunicado, citando dicha investigación, «la estrategia apuntaba a hablar a favor del gobierno, atacando a todos los contradictores. Y se haría en las redes sociales. Justamente, los miembros del grupo de WhatsApp son tuiteros con miles de seguidores. Entre todos suman más de 600 mil».
