El Gobierno nacional inició la reversión del corredor vial Cartagena–Barranquilla tras liquidar de forma anticipada la concesión con Autopistas del Caribe. Durante 200 días, la empresa mantendrá la operación mientras la ANI y el Invías preparan el traspaso definitivo de la infraestructura y los peajes.
La administración del estratégico corredor vial que conecta a Cartagena con Barranquilla entró en una nueva etapa institucional. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la liquidación anticipada del contrato de concesión con Autopistas del Caribe S.A.S. y anunció que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá el control total de la vía una vez concluya el proceso de reversión.
Se trata de una decisión de alto impacto para la movilidad, el comercio y el turismo del Caribe colombiano, en una vía clave que articula dos capitales departamentales, zonas industriales, puertos y corredores logísticos de exportación. La medida, según la ANI, busca garantizar la continuidad del servicio vial y cerrar de manera ordenada un contrato que estuvo marcado por controversias técnicas, financieras y sociales.
Desde el viernes 2 de enero comenzó formalmente el proceso de reversión de la infraestructura, que incluye la calzada, las obras complementarias y las estaciones de peaje. Este procedimiento, que se extenderá hasta junio de 2026, permitirá verificar el estado de los activos, realizar empalmes técnicos y asegurar que la operación no se vea interrumpida durante la transición.
De acuerdo con lo establecido entre las partes, Autopistas del Caribe continuará operando y manteniendo el corredor vial por un período de 200 días, contados a partir del inicio del proceso de reversión. Durante este tiempo, la concesionaria seguirá a cargo del recaudo en las estaciones de peaje existentes y de las labores necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad de la vía.
El director de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, explicó que este esquema busca evitar traumatismos para los usuarios y asegurar que la entrega al Invías se haga con todos los requisitos técnicos, jurídicos y administrativos en regla. “Esperamos que el proceso de reversión esté listo, con todos los trámites, en junio de 2026”, señaló el funcionario.
Una vez vencido el plazo de 200 días, la infraestructura asociada al corredor, incluidos los peajes, será entregada al Invías, entidad que asumirá la administración directa del tramo mientras el Gobierno define el modelo de gestión a largo plazo. Este puede ir desde una operación estatal prolongada hasta una nueva concesión, dependiendo de los análisis técnicos y financieros que se adelanten.
La ANI destacó que la liquidación anticipada se logró mediante una transacción que permitió al Estado ahorrar cerca del 63% de las pretensiones económicas del concesionario, sin que ello implique reconocimiento alguno sobre el fondo de dichas reclamaciones. Para la entidad, este resultado representa una reducción significativa del riesgo fiscal y un precedente en la gestión contractual de grandes proyectos de infraestructura.
Peajes, impacto regional y control estatal
Uno de los puntos más sensibles del corredor Cartagena–Barranquilla ha sido el cobro de peajes, especialmente en la estación de Turbaco, que durante años generó inconformidad entre comunidades locales, transportadores y autoridades regionales. En ese contexto, el Ministerio de Transporte expidió una resolución que prorroga por un mes más, hasta el 31 de enero de 2026, la suspensión del cobro para las categorías I y II en dicha estación.
Esta medida transitoria busca aliviar la carga económica para los usuarios frecuentes mientras se define el nuevo esquema de administración del corredor. Fuentes del sector transporte señalan que el futuro de los peajes será uno de los temas centrales durante la etapa de reversión, dado su impacto directo en la movilidad cotidiana y en los costos logísticos de la región.
Para expertos en infraestructura, el paso del corredor a manos del Invías representa un giro relevante en la política vial del país. Aunque la concesión privada ha sido durante décadas el modelo predominante para grandes corredores, el control estatal directo reaparece como alternativa en proyectos donde los conflictos contractuales o la viabilidad financiera han limitado su desarrollo.
El corredor Cartagena–Barranquilla no solo cumple una función regional, sino que es clave para la competitividad del Caribe colombiano. Conecta puertos, zonas francas, parques industriales y destinos turísticos, por lo que su operación eficiente incide directamente en el crecimiento económico y en la generación de empleo.
Desde el Gobierno se insiste en que la prioridad durante la transición será garantizar la continuidad del servicio, mantener estándares adecuados de seguridad vial y avanzar en una entrega transparente de los activos. El Invías, por su parte, deberá prepararse para asumir una infraestructura compleja, con alto flujo vehicular y demandas permanentes de mantenimiento.
