La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes y nueve exintegrantes del Ejército Nacional que estarían implicados en una contratación irregular que se realizó en el dispensario de las fuerzas militares en Bucaramanga (Santander).
Estas personas, en ejercicio de las diferentes funciones que desempeñaron en el establecimiento médico entre 2017 y 2022, habrían permitido la celebración de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por valor de 345’181.200 pesos, con el objeto de que prestara servicios como anestesióloga y atendiera las necesidades en las salas de cirugía.
Los elementos materiales probatorios indican que la citada profesional no era especialista en el área para la cual fue contratada y presuntamente presentó documentación falsa para acreditar la idoneidad exigida. Adicional, los investigadores de la Fiscalía constataron que no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS); sin embargo, su contratación avanzó en contravía de los principios contractuales.
En ese sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Santander imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su eventual responsabilidad, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados.
Los investigados son: los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; los exintegrantes del Ejército Nacional, Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López; y la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández, informó la Fiscalía General de la Nación.
