El Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas en la demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada por un presunto ausentismo.
El alto tribunal analizó el informe enviado por el consultorio médico del Congreso informar «sobre las novedades médicas o incapacidades» que presentó el congresista oriundo del departamento del Huila para faltar a 31 sesiones, comprendidas entre el 26 de agosto de 2014 y 23 de noviembre de 2017.
Sin embargo, las constancias enviadas por la Jefe de Bienestar Social y Urgencias Médicas de la Cámara de Representantes sobre las incapacidades presentadas no tienen ningún tipo de soporte médico, situación por la cual se ordenaron nuevas pruebas para verificar la situación.
«No obstante, a pesar de que tales documentos informan sobre la existencia de eventuales novedades médicas no se acompañan de copia del soporte correspondiente, lo que hace necesaria la verificación personal de los mismos en aras de delimitar en debida forma las condiciones de modo, tiempo y lugar, así como cualquier otra situación inherente a las censuras elevadas en razón de la causal de pérdida de investidura examinada», precisa el fallo.
La Sala le pidió al médico de la Cámara de Representantes, Juan Saab Hernández para que se presente y atienda las dudas que existen frente a las 23 incapacidades emitidas.
Igualmente se les ofició a los médicos particulares que emitieron siete incapacidades que entreguen el debido soporte frente a estos informes.
Finalmente se le envió una petición a la Cámara de Representantes para que envíe copia sobre las sesiones en las que supuestamente el congresista habría faltado sin justificación alguna para evaluar los temas tratados en los debates.
