El fallo, contenido en el comunicado 148, condena a los siete exintegrantes del último Secretariado de esa guerrilla con la máxima “Sanción Propia” contemplada en el Acuerdo Final de Paz de 2016.
Los comparecientes ante la JEP fueron Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (El Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez). Todos ellos fueron miembros del órgano de dirección más alto de las Farc-EP y, según la sentencia, tuvieron responsabilidad directa en la implementación de una política sistemática de secuestros entre 1993 y 2016.
La JEP concluyó que el secuestro fue utilizado por las Farc-EP como una herramienta estratégica con tres propósitos principales:
Financiar su estructura armada mediante extorsiones.
Presionar al Estado colombiano para el intercambio de prisioneros.
Imponer control social y territorial en diversas regiones del país2.
Este patrón dejó al menos 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 fueron acreditadas en el proceso judicial ante la JEP.
La sanción: justicia restaurativa, no cárcel
En lugar de penas privativas de libertad, los exjefes guerrilleros cumplirán una sanción restaurativa de ocho años, que incluye:
Búsqueda activa de personas desaparecidas.
Participación en programas de desminado humanitario.
Proyectos de recuperación ambiental en zonas afectadas por el conflicto.
Acciones de reparación simbólica a las víctimas3.
Estas medidas buscan restaurar el daño causado y contribuir a la reconciliación nacional, en línea con los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Camilo Suárez Aldana se dirigió “al alma herida de Colombia”, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y la importancia de este fallo como acto de verdad y justicia. “Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento”, afirmó, subrayando que lo ocurrido fue “injustificable e inhumano”.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como un hito histórico: “Nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconocieran públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas”.
Esta sentencia se enmarca en el macrocaso 01, abierto por la JEP en 2018, que investiga las privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc-EP. El tribunal ha documentado miles de casos de secuestro, muchos de ellos acompañados de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidios, torturas, violencia sexual, esclavitud, desapariciones y desplazamientos forzados.
La JEP anunció que continuará emitiendo decisiones contra otros mandos medios de la antigua guerrilla que también han reconocido su responsabilidad. Este proceso marca el inicio de una etapa crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y en la consolidación de la paz en Colombia.
Más allá de lo jurídico, esta sentencia representa un avance en la construcción de memoria histórica. Al asumir públicamente su responsabilidad, los exjefes de las Farc-EP abren la puerta a procesos de reconciliación que reconocen el dolor de las víctimas y dignifican su lucha por la verdad.
