Presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación de bus accidentado en el que murieron 6 menores. Fiscalía y Procuraduría apelaron la decisión de un juez de control de garantías que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra del alcalde de San Andrés (Santander), José Rosember Rojas Moreno, la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Milena Bautista Bautista y el gerente de la empresa de Transportes La Tea, Benito Luna Gutiérrez, por su presuntas irregularidades en la contratación de un bus escolar accidentado en el que fallecieron 6 estudiantes y resultaron lesionados otros 15 menores, lo mismo que el conductor del automotor.
La Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario para estas tres personas; sin embargo, el juez no aceptó la solicitud, decisión que fue apelada por el organismo acusador y el representante del Ministerio Público.
Los hechos ocurrieron en la vereda San Pedro de la citada población, la tarde 22 de marzo de 2022, cuando un bus de servicio escolar rodó por un abismo mientras cubría la ruta desde el Instituto Agrícola La Laguna de Ortices hacia el casco urbano de San Pedro.
Durante la investigación la Fiscalía pudo establecer que el 18 de marzo de 2022, la alcaldía habría firmado el contrato para el transporte escolar de los menores con la empresa La Tea, por un valor de 80 millones de pesos.
De los elementos materiales probatorios recopilados se pudo establecer que, al parecer, para la adjudicación del contrato la alcaldía no habría realizado la respectiva licitación pública y que los buses escolares utilizados para prestar el servicio tenían entre 24 y 34 años de antigüedad.
La Fiscalía les imputó cargos a los procesados, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La empleada de la empresa La Tea, Susan Caterine Ardila del Valle, fue imputada por el delito de fraude procesal pero la Fiscalía no solicitó ninguna medida restrictiva de la libertad en su contra, informó la Fiscalía General de la Nación.
