Una jueza ordenó el sábado poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, aunque el político continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos, en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
La orden de excarcelar a Uribe, un político muy popular y polémico, se produjo después de que el exmandatario renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de Nación por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y la representación del ministerio público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza Clara Ximena Salcedo.
Uribe, quien cuestionó la independencia del tribunal antes de renunciar al Senado y denunció una violación del debido proceso, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
“Gracias a Dios”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter tras conocerse la decisión.
A su turno, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la decisión judicial.
“¡Felicidades a Álvaro Uribe, héroe, exganador de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestro país en la lucha contra el Castro-Chavismo!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter “¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!”.
Los críticos de Uribe alegan que su renuncia al Senado fue una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso.
La Corte Suprema también remitió a la Fiscalía General las indagaciones previas contra Uribe por tres masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en la década de 1990.
Los aliados de Uribe, incluido el presidente Duque, habían solicitado a la corte permitirle defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.
Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulso una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el principal dirigente del partido derechista Centro Democrático que llevó al poder a Duque.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.
