La junta militar anunció una nueva extensión del estado de emergencia decretado desde su llegada al poder en 2021, cuando depusieron al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado. El movimiento político impide la realización de las elecciones que estaban previstas en 2023, lo que augura la prolongación de los militares en el poder y la inestabilidad institucional que experimenta el país desde hace más de dos años.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (NDSC) de Myanmar se reunió este 31 de julio en la capital, Naipyidó, para discutir el futuro del estado de emergencia que llegaba a su fecha de expiración a finales de julio y el resultado de la reunión definirá el rumbo inmediato del país: “El periodo del estado de emergencia será extendido por otros seis meses a partir del 1 de agosto de 2023”, anunció Myint Swe, jefe de las Fuerzas Armadas desde 2021.
La extensión del estado de emergencia fue justificada por la junta militar bajo dos ejes principales: primero, se acusa a la oposición pro-democrática de perpetrar “actos de terror”, lo que no permite el ejercicio de un control suficiente y efectivo por parte del aparato de seguridad del Estado, lo que lleva al segundo eje: la falta de condiciones para llevar a cabo las elecciones previstas para este año.
Cuando en febrero de este año la junta militar extendió por segunda vez el estado de emergencia, en el país se perdió la esperanza de llevar a cabo las elecciones en agosto de 2023 como Mynt Swe y el NDSC habían aseverado el año anterior. La nueva extensión del estado de emergencia posterga aún más el regreso de la democracia al país asiático y prolonga en la estadía en el poder de los militares, que cada vez se afianzan más en la Administración a pesar de la resistencia civil.
La Constitución vigente en Myanmar establece que las elecciones deberán tener lugar en los siguientes seis meses luego del fin del estado de emergencia. No pueden tener lugar durante el periodo excepcional dado que no es posible garantizar la seguridad y la paz en el proceso; es decir no es posible convocar a elecciones hasta que se pueda garantizar la primacía de la democracia en el ejercicio.
El país en un vacío constitucional
El estado de emergencia en Myanmar fue declarado el 1 de febrero de 2021, cuando la junta militar tomó el poder por la fuerza. La vigencia de esta condición de excepcionalidad, que faculta al Ejército a tomar facultades adicionales de control en el país, se perpetuaba hasta el 1 de febrero de 2022, sin embargo, se decidió ampliar el término por seis meses más (hasta julio de 2022), a lo que se sucedió otra extensión con aplicación entre agosto de 2022 y febrero de 2023.
En febrero de 2023 fue anunciada una extensión extraconstitucional del estado de emergencia que se perfilaba como el último, acompañado de la promesa de elecciones democráticas.
La constitución de Myanmar vigente establece la posibilidad de decretar el estado de emergencia bajo una serie de condicionantes; de hecho el documento norma detalladamente la operatividad del estado de emergencia en un capítulo exclusivo. El orden constitucional dicta que el presidente detenta la capacidad jurídica de decretar un estado de emergencia al cumplirse ciertos supuestos que justifiquen la excepcionalidad.
El capítulo constitucional especializado contempla de manera rigurosa la duración de las condiciones de excepcionalidad, estableciendo un máximo de una declaración principal vigente por un año y dos posibles extensiones de seis meses cada una. La tercera y cuarta extensión del estado de emergencia navega sobre un terreno de inconstitucionalidad y obscuridad jurídica que puede contribuir a la construcción de un estado de ingobernabilidad generalizado.
Myanmar, en manos de los militares desde 2021
En el último proceso electoral por el que transitó Myanmar en noviembre de 2020, Aung San Suu Kyi, candidata de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) obtuvo una aplastante victoria; igual que en 2015, bajo el escrutinio de observadores internacionales. La votación fue tildada de fraudulenta por el Ejército y, una vez tomado el poder, los resultados fueron anulados.
Según fuentes cercanas a la expresidenta Suu Kyi, la lideresa fue transferida de la cárcel y realojada en un edificio gubernamental, lo que podría ser un movimiento político del Ejército en aras de navegar el terreno rumbo a los comicios nuevamente postergados. A pesar del traslado de Suu Kyi, aún no se tiene confirmado si el movimiento culminará en un arresto domiciliario. La expresidenta ha sido condenada por una variedad de acusaciones, por las que le han otorgado hasta 33 años de privación de libertad.
Desde febrero de 2021 hasta la fecha, el Ejército no ha logrado concretar un control certero que le permita la gobernabilidad del territorio, lo que podría ser una de las razones para la seguidilla de extensiones al estado de excepción en dos años y medio.
La limitante principal del Ejército en sus pretensiones de control total ha sido la oposición gestada a la sombra del golpe en 2021, una resistencia pro-democrática conformada mayormente por jóvenes sin experiencia militar que se agrupa bajo los nombres de Fuerzas para la Defensa del Pueblo (PDF) y Gobierno de Unidad Nacional, conformado por exlegisladores electos democráticamente y depuestos en el golpe militar; grupos que se articulan conjuntamente en un solo frente opositor, del que PDF hace las tareas de brazo armado.
En seis meses se cumplen tres años del golpe a la democracia en el país asiático, hoy sin una salida clara al conflicto.
