El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín negó en primera instancia una serie de tutelas interpuestas contra el presidente Gustavo Petro por sus declaraciones sobre la sexualidad de Jesús. El despacho concluyó que se trató de opiniones personales sin efectos jurídicos ni vulneración comprobada de la libertad religiosa.
La controversia se originó el pasado 27 de enero, cuando el mandatario, en medio de un discurso público que inicialmente abordaba la situación del hospital San Juan de Dios de Bogotá, hizo una reflexión sobre la figura de Jesucristo. “Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, expresó Petro ante los asistentes.
Las palabras generaron incomodidad en sectores religiosos y motivaron la presentación de al menos 14 acciones de tutela por parte de ciudadanos que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales. Entre los accionantes estuvo el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien actualmente adelanta campaña para llegar al Congreso.
Las tutelas argumentaban una supuesta violación de los derechos a la libertad religiosa y de cultos, libertad de conciencia, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación espiritual. Además, solicitaban como medida de reparación simbólica que el presidente ofreciera disculpas públicas institucionales dirigidas a quienes profesan la fe católica y cristiana.
El juzgado de Medellín decidió acumular las acciones en un expediente unificado para analizarlas de manera conjunta. En su fallo, el despacho determinó que las expresiones del jefe de Estado “corresponden a simples opiniones o interpretaciones personales, dichas de paso y emitidas oralmente, carentes de efectos jurídicos y sin vocación normativa”.
Según la providencia, aunque las declaraciones pudieron “provocar una afectación sobre la idea social de Jesús”, no constituyeron un acto administrativo, una orden estatal, una política pública ni la imposición de un credo religioso. El juez subrayó que la intervención del presidente se dio en el marco de un discurso público y no en ejercicio de una función normativa o regulatoria.
El fallo enfatizó que ninguno de los accionantes logró demostrar una afectación concreta y directa a su derecho a profesar libremente su religión. “Ninguno de los accionantes acreditó que, a raíz de las manifestaciones realizadas por el señor presidente, se estuviera viendo impedido de profesar su religión, de asistir a sus actos o cultos religiosos o que se le estuviera coaccionando de alguna manera para cambiar de religión”, explicó el juzgado.
Asimismo, añadió que “tampoco se alegó y menos se acreditó” que como consecuencia de las declaraciones presidenciales alguno de los demandantes estuviera impedido para expresar sus creencias, de forma individual o colectiva, en ámbitos públicos o privados.
Otro de los puntos analizados por el despacho fue si existía una eventual vulneración al principio de neutralidad religiosa del Estado. En ese sentido, el juez concluyó que no se evidenció que el presidente hubiera privilegiado un credo específico ni adoptado institucionalmente una postura religiosa determinada.
El caso reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el respeto a las creencias religiosas en un Estado laico como el colombiano. La Constitución de 1991 garantiza tanto la libertad de cultos como la libertad de opinión, lo que en ocasiones genera tensiones cuando declaraciones de alto impacto simbólico provienen de la máxima autoridad del Ejecutivo.
Por su parte, el exministro Ruiz sostuvo que las afirmaciones presidenciales resultaron ofensivas para millones de creyentes y aseguró que evaluará los pasos a seguir tras la decisión judicial. La sentencia, no obstante, deja claro que, en esta primera instancia, no se configuró vulneración de derechos fundamentales.
El proceso quedó cerrado provisionalmente, aunque la decisión puede ser impugnada ante una instancia superior. Mientras tanto, el fallo marca un precedente sobre el alcance jurídico de las opiniones emitidas por el presidente en escenarios públicos y su relación con la protección constitucional de la libertad religiosa en Colombia.
