El empresario ruandés de 87 años, Félicien Kabuga, tuvo un «papel vital» e hizo una «contribución sustancial» a la financiación del genocidio tutsi en Ruanda. Esto fue lo que aseguró la Fiscalía del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, MTPI, durante el inicio del juicio que tuvo lugar este jueves, 29 de septiembre, en La Haya.
Kabuga, quien no asistió al tribunal para escuchar la acusación, es señalado por genocidio, incitación a cometer genocidio y conspiración para cometer genocidio, así como persecución, exterminio y asesinato por su presunto papel en la matanza de cientos de miles de integrantes de la etnia tutsi en 1994.
La Fiscalía considera que el empresario conspiró e incitó el intento de exterminio tutsi al haber adquirido «armas importadas y distribuido (a grupos hutu) para atacar» a integrantes de la etnia tutsi o cualquier sospechoso de apoyarlos.
Kabuga habría brindado apoyo logístico, financiero, material y moral a las bandas de los Interahamwe, que participaron de los ataques y asesinatos en controles de carretera y en sus viviendas en diversas regiones del país.
No obstante, su rol no termina allí. El empresario «fundó y dirigió» la estación radial RTLM, una emisora que, según la parte acusadora, durante los cien días que duró el genocidio, fomentó el odio y la violencia contra los tutsis.
El fiscal Rashid S. Rashid fue el encargado de leer la primera parte de la acusación contra Kabuga y expuso que el juicio busca responsabilizarlo «por su contribución sustancial e intencional» en la matanza. Al tiempo, destacó que «no hay bases razonables para que nadie discuta que hubo una campaña para destruir total o al menos parcialmente a los tutsis de Ruanda».
El juicio es una «deuda» con los sobrevivientes
Serge Brammertz, fiscal jefe del Mecanismo aseguró que «sigue siendo un juicio muy importante. Deberían hacerle esta pregunta a los sobrevivientes y víctimas que han esperado 28 años para que comience este proceso.
Kabuga es uno de los últimos fugitivos acusados de genocidio que comparecen ante la justicia. «Es el último gran caso que estamos procesando nosotros mismos. Habiendo dicho eso, hay más de 1.200 órdenes de arresto pendientes en Kigali en relación con otros genocidios», añadió el funcionario.
Sobre la ausencia del empresario al inicio del proceso, Brammertz afirmó que se trató de una decisión estratégica pues no hubo «absolutamente ninguna razón médica por la que no asistiera». A su vez, los abogados de la defensa argumentaron sin éxito que no estaba en condiciones de ser juzgado.
Sin embargo, se trata de un hombre que, según el equipo médico se encuentra en una condición frágil de salud por lo que el juicio durará dos horas diarias. Se espera que la primera evidencia en el caso se escuche la próxima semana.
Al menos 800.000 personas fueron asesinadas
El genocidio inició el 6 de abril de 1994 luego de que un avión en el que viajaba el presidente Juvénal Habyarimana fuera derribado y se estrellara en Kigali. El mandatario de la etnia hutu perdió la vida y se culpó a la minoría tutsi de ser responsable del siniestro. Fue entonces cuando bandas extremistas iniciaron la masacre.
Naciones Unidas estima que durante el periodo que duró el genocidio, al menos 800.000 personas fueron asesinadas y el fiscal Rashid indicó en la audiencia del jueves que durante esos cien días, «cientos de personas fueron víctimas de violación y agresión sexual».
Asimismo, la acusación de la Fiscalía detalla que Kabuga «era ampliamente conocido como uno de los hombres más ricos de Ruanda» y gracias a ello jugó «un papel vital en la financiación» de los hechos sin la necesidad de «empuñar un rifle ni un machete».
El empresario estuvo a la fuga durante 26 años y fue detenido en 2020 cerca de París por las autoridades francesas. Posteriormente fue trasladado para quedar bajo custodia del Mecanismo en su subdivisión de La Haya, aunque le corresponde ser juzgado en la subdivisión de Arusha, en Tanzania. No obstante, no pudo ser transferido allí debido a su delicado estado de salud.
El MTPI está encargado de concluir el trabajo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue disuelto en 2015.
