El Gobierno Nacional ha desplegado esfuerzos significativos para cumplir con las metas regulatorias planteadas en la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, la apuesta se refleja en la adopción del Hidrógeno Verde como una Fuente No Convencional de Energía Renovable (FNCER) y, en consecuencia, quien desarrolle e invierta en estos proyectos podrá acceder a todos los incentivos tributarios ofrecidos por la Ley 1715 de 2014.
De acuerdo con el socio-fundador de Mendoza, Mateo Mendoza, “al ser proyectos FNCER, serán considerados como asuntos de utilidad pública e interés social, público y de conveniencia nacional. De hecho, en abril de 2022 el Ministerio de Minas y Energía (MME) publicó un proyecto de decreto el cual reglamenta la Ley 2099, en donde se establece un procedimiento específico para la expedición del acto administrativo de utilidad pública para proyectos y ejecución de obras encaminadas a la producción y/o almacenamiento de Hidrógeno Verde”.
Esta prerrogativa tiene múltiples efectos positivos, sobre todo en la etapa de desarrollo y construcción, entre ellos, la inaplicabilidad de disposiciones del plan de ordenamiento territorial, y la posibilidad de solicitar la expropiación de los inmuebles donde se va a desarrollar el proyecto.
Mendoza explica que, “dado que la implementación del hidrógeno de bajas emisiones (verde y azul) como energético accesible para el sector transporte, industrial y residencial requiere la adopción de mecanismos a través de los cuales se garantice su disponibilidad, seguridad y suministro, el Gobierno expidió un segundo proyecto de Decreto que reglamenta la Ley 2099, por medio del cual integra y coordina los diferentes ministerios y autoridades del orden nacional, otorgándoles facultades y obligaciones regulatorias con el fin de que la implementación del hidrógeno de bajas emisiones sea articulada y orgánica”.
Esta estrategia de cooperación incluye, entre otros, la invitación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) para establecer mecanismos de certificación de origen del hidrógeno producido en el país, con miras a la exportación del mismo; la actividad coordinada entre el MME y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para establecer los requisitos o procedimientos necesarios para el desarrollo de actividades de captura, uso y almacenamiento de carbono para la producción de hidrógeno; el llamado al Ministerio de Transporte para actualizar y expedir nuevos procedimientos, condiciones e incentivos para el uso del hidrógeno en el sector transporte, así como al MinCIT para garantizar el importe de autopartes y repuestos para los vehículos propulsados con hidrógeno.
Además, involucra el compromiso por parte del MME de establecer las condiciones técnicas aplicables para el suministro de hidrógeno para uso vehicular en estaciones de servicio; el fomento para la innovación para el desarrollo de la industria del hidrógeno a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la creación e implementación de ambientes especiales de vigilancia y control, o sandbox regulatorio para promover el desarrollo de los proyectos de hidrógeno; y, finalmente, la armonización regulatoria en cabeza de la CREG para el uso del hidrógeno en los servicios públicos de energía eléctrica y gases combustibles.
“A tan solo siete meses de la expedición de la Hoja de Ruta, es posible reconocer que los esfuerzos del Gobierno Nacional para la implementación regulatoria del hidrógeno de bajas emisiones como FNCE y FNCER son una apuesta all-in. Sin duda hay bastante camino que recorrer, sin embargo, los parámetros están siendo adoptados de acuerdo con lo esperado”, concluye Mateo Mendoza.
