Después de varios meses de luchar contra una opinión desfavorable, el presidente Gustavo Petro parece haber logrado movilizar a buena parte de la opinión colombiana a favor de una propuesta social clave para su proyecto político: la consulta popular que busca salvar su reforma laboral.
El Senado rechazó su proyecto a mediados de marzo, y el jefe de Estado ha respondido que los congresistas están en contra del cambio social y los derechos de los trabajadores. Por eso, ha propuesto que los colombianos demuestren su apoyo a los cambios en una consulta popular, que el Senado debe aprobar antes de llegar a las urnas.
A partir de este miércoles, los senadores debatirán si dan su aval, cargando ahora no solo con la presión del presidente, sino con un nuevo dato: 57% de los colombianos dicen que quieren poder votar la consulta popular de Petro. Una cifra que les será difícil ignorar.
La empresa Cifras y Conceptos ha publicado este lunes su encuesta Polimétrica, que financia directamente y realiza de forma periódica, y en esta ocasión ha preguntado por la consulta. Realizada entre el 24 de abril al 3 de mayo, y representativa de los habitantes de las cuatro principales ciudades del país, el sondeo se dio justo cuando el presidente movilizó a miles de ciudadanos para las marchas del primero de mayo.
“Si votan ‘no’ a la consulta, el pueblo se levanta y los revoca”, le dijo ese jueves el presidente a los senadores, y luego empuñó la espada de Bolívar como símbolo de que él liderará al pueblo frente a los legisladores.
El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, criticó la presión del jefe de Estado en una carta publicada este lunes, “Anuncios de revocatorias, movilizaciones intimidatorias, símbolos de guerra como espadas y banderas buscan afectar nuestra voluntad”, dijo a los senadores.
“Nunca un gobierno había presionado al poder legislativo con tal intensidad, reemplazando el diálogo por la confrontación”, añadió.
La encuesta señala que el mensaje del presidente, el de la urgencia de una consulta popular que impulse mejoras para los trabajadores, ha calado.
Aunque la encuesta muestra que su imagen desfavorable es mayor que la favorable, 52% frente a 45%, el 57% de los encuestados dice estar de acuerdo con que “el presidente convoque una consulta popular para decidir sobre las reformas no aprobadas por el Congreso”.
Cuando se les pregunta por qué el jefe de Estado llamó a la consulta, el 47% señala que es porque el legislativo no le aprueba sus preguntas, y solo un 26% cree que lo hizo por ganar apoyo político.
La simpatía de los encuestados de frente a la consulta se dispara cuando se les pregunta por cada una de las 12 preguntas que la conforman: el ‘sí’ arrasaría con más del 75%.
Un 94% votaría favorablemente para que “las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social”.
Un 92% considera que las empresas sí deben contratar al menos 2 personas con disparidad por cada 100 trabajadores; la misma cifra aprobaría que los jóvenes aprendices del SENA, e instituciones similares, tengan un contrato laboral.
La pregunta con menos popularidad, a la que igual le va muy bien con el 75% de acuerdo, es: “¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?”.
La encuesta también indica que, si el legislativo aprueba su consulta, esta superaría el umbral necesario para que sea válida.
El 43% de los encuestados dicen que es muy probable que participaran en las urnas, y toda consulta popular necesita que al menos el 33,3% del censo electoral participe. El presidente contaría con ese tercio, según la encuesta, que sondeó a 1.596 personas y tiene un margen de error del 4,3%.
Estas cifras favorables en la opinión contrastan con la otra reforma social que el presidente ha defendido tercamente, haciendo implosionar su gabinete y su coalición legislativa: la reforma a la salud, que sigue en el legislativo a pesar de que se hundió la primera iniciativa presentada por el Gobierno.
Cuando se empezó a debatir el primer proyecto de ley, en 2023, la mayoría de los colombianos decía en las encuestas que no querían acabar con las Entidades Prestadoras de Salud, o EPS, como lo proponía la propuesta del gobierno (un 63%).
Después de que esa iniciativa se hundiera en la Cámara de Representantes, el presidente Petro sugirió en 2024 una Constituyente, y 61% de los colombianos decían en las encuestas que no apoyaban una iniciativa tal para transformar la Constitución.
Pero ahora, con la consulta popular para salvar la reforma laboral, por primera vez la opinión pública parece estar del lado del presidente.
