El exgobernador de Nariño y precandidato presidencial, Camilo Romero, se fue lance en ristre contra la Corte Suprema de Justicia, por el proceso en su contra por contratación ilegal cuando fue mandatario departamental.
Romero le dijo a los magistrados de la sala de juzgamiento que no respetaban las garantías y al defensa de los investigados, porque ellos no aceptaron un aplazamiento que pidió la nueva abogada del Ministerio Público, que llevaría su caso para estudiar el proceso en su contra y poder ejercer su defensa.
“Ustedes pretenden llevar a juicio sin las garantías de la defensa, la defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no esta en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa, ¿cómo se explica eso?”, dijo Romero.
El exgobernador le dijo a los magistrados que su proceso no era “la presentación de un examen de universidad” y calificó como aberrante que la Corte le exigiera a la abogada de la defensoría “tener listo una defensa para el juicio” en menos de 20 días.
Romero dijo que su abogado de confianza, Gerardo Barboza, renunció a su defensa por las supuestas presiones de la Corte Suprema de Justicia.
“El doctor Gerardo Barboza renuncio por la forma como se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras que tenía Covid”, dijo Romero.
Romero solicitó intervención de la Procuraduría y dijo que si es posible acudirá a instancias internacionales por la supuesta opresión e irrespeto, por parte de la Corte Suprema, a su derecho a la defensa.
“He consultado con muchos abogados para intentar que asuman mi caso y para que estudien la manera como se ha venido adelantando estas audiencias. Hay procesos que llevan años de años que no tienen este nivel de celeridad que alertó al Ministerio Publico y pondré en alerta a la comunidad internacional”, explicó.
Las investigaciones penales contra el exgobernador de Nariño iniciaron en el 2019 por presuntas inconsistencias en un contrato para la comercialización del aguardiente en la región, que habrían comprometido recursos por más de 18.000 millones de pesos.
