La denuncia llegó a la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde acusan a la Fuerza Pública de Colombia de cometer “delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales que se viven desde el 28 de abril.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y el senador de izquierda Iván Cepeda, enviaron a la CPI un amplio informe donde dan cuenta de 1.595 hechos ocurridos en varios departamentos de Colombia que registraron, según los denunciantes, violaciones a los derechos humanos. «Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», resalta la denuncia.
El documento, de más de 100 páginas, señala a varios mandos militares y policiales como los responsables de los desmanes, así como al propio presidente Iván Duque y a su ministro de Defensa, quienes no han logrado llegar a un acuerdo con los manifestantes a pesar del retiro de la reforma tributaria que encendió los ánimos para luego ampliar las exigencias.
El informe señala al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, así como al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, al ministro de Defensa Diego Molano y al presidente Iván Duque como “máximos responsables” de la represión y abusos a estas manifestaciones. Según los denunciantes, estos funcionarios «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron».
La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la ONG Temblores, piden la intervención de la CPI ya que “el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones” y agregan que es “debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”.
“Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales (…) nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, añaden.
Denuncian “estigmatización de la protesta social”
Tras el estallido social, el presidente Iván Duque convocó la figura de la asistencia militar para intentar reestablecer el control de las calles y señaló a los manifestantes de cometer “vandalismo”.
“Quiero hacer una advertencia a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán a las instituciones”, dijo a inicios de mayo.
Horas antes del mensaje presidencial, el expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque, publicó en su cuenta de Twitter un controversial mensaje en medio de la tensión de las protestas y violencia callejera: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, publicó Uribe, quien es mencionado en la denuncia a la CPI por ser uno de los «principales instigadores» de los presuntos crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021.
En medio de las protestas contra la reforma tributaria, ex presidente @AlvaroUribeVel incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte de ejército y policía. Como Alcalde de Medellín y en aras de proteger a la población civil pido a @TwitterLatAm suspender esta cuenta. pic.twitter.com/qLeuOFOFg3
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 30, 2021
El informe señala a la Fuerza Pública del “uso de armas de fuego de corto y largo alcance”, “disparos deliberados de la policía contra la población civil”, “disparos deliberados de grupos armados de civil contra manifestantes que se movilizaban en los vehículos de la policía”, así como el “uso de medios de comunicación y redes sociales mediante las cuales se ha estigmatizado la protesta social de manera reiterada, señalándole como amenaza terrorista de organizaciones criminales y actos de vandalismo”.
El presidente Iván Duque compareció en una entrevista televisiva con ‘CNN’ y aseguró que investigan 65 casos de abusos policiales y que han detenido a unos 600 civiles por “actos vandálicos” tras 15 días consecutivos de protesta en los cuales se han registrado fallidos intentos de diálogos con los principales líderes sociales.
Otras con las cifras que manejan las ONG locales. “Después de una larga jornada de verificación de las denuncias reportadas por la ciudadanía, pudimos corroborar que entre el 28 de abril y el 12 de mayo ocurrieron, al menos, 2.110 casos de violencia policial”, comunicó la organización Temblores, una de las más activas en denunciar los presuntos casos de abuso.
Según la Fiscalía colombiana, la Policía es responsable de tres de los cuatro asesinatos reportados por las autoridades durante las protestas y al menos 870 agentes han resultado heridos. «En la noche anterior ingresó a nuestro hospital un patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que fue atacado con ácido, por fortuna los elementos de protección como el casco y un cobertor de tela impidieron que se causara heridas en su rostro», explicó Manuel Vásquez Prada, director de Sanidad de la Policía Nacional.
Vásquez Prada añadió que “como él, son 870 lesionados, inclusive 55 mujeres durante estos últimos 15 días. Tenemos un capitán asesinado en Soacha y varios que han pasado por unidades de cuidados intensivos y aún hoy uno se encuentra con pronóstico reservado».
Cali, la tercera ciudad del país, ha sido «escenario de los más graves hechos», agregan, al tiempo que demandan la visita al país de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda para que solicite más información. Justo en la noche del 13 de mayo se registraron nuevos y violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes en Bogotá y Cali.
ONU piden investigar la represión en Colombia
«Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país”, señalaron en un comunicado expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los expertos mostraron su preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno a estas protestas y solicitaron una investigación independiente de los abusos denunciados.
Varios organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y otros gobiernos solicitaron al Estado colombiano que tome acciones contra la violencia policial y que garantice el derecho a la protesta pacífica. Por ahora, las convocatorias a nuevas manifestaciones continúan en varias ciudades mientras las demandas no sean escuchadas.
