Las recientes amenazas del expresidente de EEUU, Donald Trump de considerar una intervención para sacar al presidente colombiano Gustavo Petro del poder han provocado una fractura en las filas de la derecha colombiana, desde el rechazo total hasta el apoyo parcial, evidenciando tensiones políticas y diplomáticas en plena crisis regional.
Las declaraciones de Donald Trump dirigidas a Gustavo Petro, en las que sugirió que Colombia podría ser objetivo de una operación similar a la realizada en Venezuela, han reavivado un debate profundo entre los sectores conservadores del país. Mientras algunos precandidatos de la derecha expresan rechazo a la injerencia estadounidense, otros relativizan la amenaza o incluso la aceptan como parte de un conflicto político que tiene implicaciones electorales internas.
Trump, en una rueda de prensa y luego ante la prensa a bordo del Air Force One, calificó a Petro de “enfermo” y sugirió que Estados Unidos podría considerar una intervención en el país sudamericano, aunque no ofreció detalles concretos ni planes operativos. Estas declaraciones, en un contexto de tensión regional tras la operación estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ponen sobre la mesa un escenario de incertidumbre sobre la relación bilateral.
Esa ambigüedad ha generado reacciones en diferentes vertientes de la derecha. Figuras como el exgobernador Aníbal Gaviria y el exsenador Juan Manuel Galán han rechazado las amenazas y urgido al respeto de la soberanía colombiana, destacando que Colombia posee una democracia sólida donde los cambios de poder deben ocurrir por vías electorales. “Petro es un desastre, pero no es un dictador”, afirmó Gaviria, subrayando que los conflictos internos deben dirimirse con respeto institucional.
Por otro lado, sectores más tradicionales o pragmáticos de la derecha han evitado condenar explícitamente las amenazas, señalando que la salida del líder de izquierda debe darse en las urnas en las elecciones previstas para 2026. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, enfatizó que, aunque Colombia debe defender su soberanía, la derrota de Petro debe lograrse mediante los mecanismos democráticos y no por intervención extranjera.
Incluso hay posturas más radicales. La congresista Lina María Garrido fue de las pocas voces abiertamente favorables a una eventual intervención norteamericana, generando críticas desde distintos sectores políticos por considerar que tales posturas ponen en riesgo la soberanía nacional y la estabilidad interna.
La polémica se inscribe en un momento de alta tensión en América Latina tras la incursión de fuerzas estadounidenses en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del chavismo por más de una década. La operación desató críticas de gobiernos regionales por violaciones a la soberanía y alimentó temores de que Colombia, como vecino y aliado tradicional de Estados Unidos, pudiera enfrentar presiones similares.
En Colombia, la respuesta oficial no se ha limitado a la derecha. La vicepresidenta Francia Márquez calificó las amenazas como un ataque a la democracia y llamó a defender la soberanía nacional, reforzando la idea de que cualquier intento de injerencia sería inadmisible y contrario al derecho internacional.
El propio Petro, en un gesto que ha generado tanto apoyo como crítica, afirmó que estaría dispuesto a “tomar las armas” nuevamente para defender la soberanía de Colombia, en referencia a sus años como miembro de la guerrilla M-19. Aunque muchos analistas y opositores rechazan ese tipo de retórica por considerarla peligrosa y fuera de lugar en un contexto democrático, su declaración subraya el nivel de polarización que han alcanzado las tensiones.
Más allá del discurso político, la escalada retórica entre Bogotá y Washington ha tenido impactos económicos. Los mercados colombianos han mostrado volatilidad, con caídas en activos como reflejo de la incertidumbre política que provoca la tensión bilateral. Aunque no todos los analistas atribuyen estas fluctuaciones exclusivamente a las amenazas de Trump, sí existe consenso en que aumentan los riesgos percibidos por inversionistas.
El debate que ensombrece a la derecha colombiana también refleja una preocupación más amplia sobre la autonomía de las decisiones internas frente a presiones externas. Sectores políticos y académicos han pedido a organismos internacionales, como la ONU, que observen la situación y estén atentos a posibles violaciones de la soberanía de Colombia, insistiendo en la necesidad de desescalar las tensiones mediante el diálogo diplomático.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, la división en la derecha no solo evidencia diferencias tácticas y estratégicas, sino también una disputa por definir cómo posicionarse frente a Estados Unidos y qué papel deben jugar las cuestiones de soberanía, legalidad y patriotismo en la construcción de una alternativa al gobierno de Petro.
