Por: Paola Guarín/ Es evidente la deuda existente en gravar todas las bebidas azucaradas, en especial todas aquellas cuyo antecedente de publicidad engañosa en tan amplio como los diferentes estudios, que concluyen que su consumo de bebidas procesadas endulzadas con productos como fructosa, sucrosa o con una alta concentración de azúcares ha sido positivamente asociada con un mayor riesgo de diabetes o síndrome metabólico.
Este último síndrome corresponde a la presencia de obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia en forma simultánea. La evidencia compilada de varios estudios conducidos en Estados Unidos, Finlandia y China mostró que las personas que consumen los niveles más altos de consumo de bebidas azucaradas tienen un 26% más de riesgo de desarrollar diabetes y un 20% más de desarrollar síndrome metabólico en comparación con aquellos cuyo consumo es bajo o nulo.
Lamentablemente en la actual reforma tributaria, donde promete su retiro de estudio por el Congreso de la Republica, dejo por fuera propuestas como el impuesto a las gaseosas. Esto deja entre dicho el rotundo interés del estado en defender las arcas de los principados económicos que ya todos conocemos y cuya riqueza, es monopolizada por cinco familias mega billonarias de País.
Ahora bien, desde el año 2018 las bebidas azucaradas tienen un IVA plurifásico, lo que quiere decir que se paga en cada eslabón de la cadena del producto (distribuidores, comercializadores y minoristas), como es la regla general. Uno de los impuestos adicionales que plantea la reforma es cobrarle IVA (impuesto al valor agregado) del 19 por ciento a los servicios públicos que pagan las viviendas de estratos 4, 5 y 6. Es decir, la reforma tributaria pretende grabar el agua potable como servicio público, a su vez como electricidad, gas, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basura, que hoy no pagan IVA en ningún estrato.
Es aberrante y bochornoso, que en este país se pretenda imponer más impuestos a los servicios públicos y se exima a las bebidas azucaradas, pese a ser lesivo su consumo y contribuir a los intereses particulares de los grupos económicos financiadores de las campañas presidenciales que han gobernado este país en los últimos 30 años.
Hagamos de este impuesto una oportunidad no solo para generarle ingresos al Estado, sino para proteger a nuestros niños. Según MinSalud (2016), el 81,2% de los colombianos consume gaseosas o refrescos frecuentemente, con un riesgo presentar obesidad del 60% entre los consumidores. Del total de muertes en el país, el 3,4% es atribuida a la diabetes, donde el 13% son causadas por las bebidas azucaradas; también el 6,8% de la muerte en Colombia tuvieron como causa enfermedades cerebrovasculares, donde el 5 % también fue atribuida a este tipo de bebidas.
Aprobar un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20%, le significaría al Estado al menos 1,4 billones de pesos al año y salvamos vidas, siendo este punto una oportunidad invaluable para revindicar los desaciertos e inexperiencia de este gobierno, en tomar decisiones necesarias y que, sin lugar a dudas, demostraría un interés por proteger la salud pública, que agoniza día a día.
*Abogada.
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