Por: Paola Guarín/ En nuestro Estado Social de Derecho las políticas públicas juegan un papel fundamental en lo que refiere al cumplimiento de los fines del Estado y los planes de desarrollo. Por ello, analizar las actuales políticas públicas se convierte en una necesidad al momento de evaluar desde una esfera imparcial del papel del poder ejecutivo versus el panorama que se vislumbra en las calles del país, especialmente en las zonas limítrofes de frontera.
Bucaramanga no se escapa en ser una de las ciudades más afectadas por la ineficacia e indolencia de la política migratoria nacional, la cual no se ajustada a las necesidades actuales que enfrenta la región. Urge con suma inmediatez diseñar una política migratoria acorde con un mundo en transformación, los problemas humanitarios que enfrentan nuestros países vecinos y la precaria circunstancia que se vislumbra con la pandemia mundial, la hambruna y el cambio climático, entre otros.
Estos acontecimientos convierten a nuestra ciudad en una zona atractiva y casi que obligatoria en el paso de la población flotante de migrantes que sufren el éxodo de una dictadura sin garantías mínimas de subsistencia.
La apuesta debe enfocarse, no solo en establecer soluciones transitorias, pues el problema de fondo es más agudo de lo que parece. Por ello analizando los planes de desarrollo nacional y regional, se destacan aspectos relevantes, más no eficaces, si de políticas públicas se habla.
Por ello pasar del papel a la realidad, no es solo un tema de asignación de competencias, pues la coordinación y fortalecimiento institucional, juega una titularidad trascendental, cuyo trabajo mancomunado de organizaciones internacionales, fundaciones y entidades el estado, deben establecer canales asertivos de información, caracterización, vigilancia y control de los programas enfocados a este grupo poblacional como a su vez la protección de nuestros nacionales.
Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar una política migratoria adecuada, cuando existe un contrapeso y sabotaje por nuestro vecino dictatorial (Venezuela)? Este interrogante es el fiel reflejo del panorama internacional que minora toda solución asertiva, circunstancia que de una u otra manera requerirá de tiempo, mesura y prudencia desde la diplomacia, pero a su vez mano firme y poco corazón en la toma de decisiones asertivas desde la institucionalidad.
Si bien, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un principio básico del derecho internacional, reconocido en numerosos textos y resoluciones y organismos internacionales, ha permitido una protección a la soberanía y su autonomía nacional. Por ello no podemos ignorar o hacer de la vista gorda en los efectos colaterales de una crisis humanitaria cuyos interés y realidades no solo afectan al país vecino, sino también, al nuestro.
Un país de grandes oportunidades, requiere grandes soluciones, por ello tenemos un futuro que obliga al estado a planear soluciones y estrategias en su política exterior, que logre los propósitos y consecución de los fines del Estado, tanto de nacionales especialmente y extranjeros en su respectiva escala de prioridades.
*Abogada.
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