arios puntos de fricción podrían ralentizar o incluso hacer descarrilar las futuras discusiones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre un acuerdo global posbrexit, que buscan cerrar para finales de año.
A continuación, los principales escollos después que Londres y Bruselas desvelaran sus planes para la futura relación.
Pesca
El negociador europeo Michel Barnier condiciona la conclusión de un asociación comercial con el Reino Unido a un acuerdo sobre la pesca.
Para ocho países del bloque, entre ellos Francia o Dinamarca, mantener el acceso a las aguas territoriales británicas es indispensable y vital para sus pescadores.
El mandato de negociación de la UE subraya que el acuerdo debe preservar la actividad de las flotas que «tradicionalmente han pescado en aguas británicas».
La posición podría chocar con la de Londres. «El Reino Unido se convertirá en un Estado costero independiente a fines de 2020 y cualquier acuerdo debe reflejar esta realidad», según una declaración del lunes.
Londres espera negociar cada año con la UE el acceso a sus aguas, como ocurre actualmente con Noruega, Islandia y las islas Feroe, y plantea un «mecanismo de cooperación».
Servicios financieros
El acceso al mercado europeo de los servicios financieros británicos constituye una de las monedas de cambio de los europeos, máxime cuando este sector es importante para el Reino Unido y su City.
Las empresas británicas perderán el «pasaporte» europeo que les permitía estar activas en la Europa continental.
En su lugar, deberán obtener de la UE una «equivalencia» a través de «una decisión unilateral de la Comisión», recordó un funcionario comunitario.
El Reino Unido parece dispuesto a aceptar algunas concesiones para acceder al mercado europeo y desea incluso «reforzar» la «cooperación en materia de reglamentación y de vigilancia», vistos los «profundos vínculos» en este sector.
Datos
En su mandato, la UE reclama al Reino Unido «un nivel elevado de protección de datos de carácter personal» y, por tanto, el «pleno respeto [de las] reglas» del bloque.
«Trabajar sobre la seguridad interior con los británicos exige intercambios de datos y, sobre todo, de datos personales, en ocasiones muy personales», asegura Barnier, que considera esta protección «esencial».
Esta demanda, que implica que la UE acuerde al Reino Unido una «equivalencia» sobre la protección de los datos, no debería platear problemas al inicio de la relación.
Pero la situación podría complicarse si los británicos deciden alejarse progresivamente del bloque, al ser uno de los ámbitos en los que buscan desarrollar «políticas distintas e independientes».
Competencia leal
La UE teme que Londres desregule su economía y socave la europea, por lo que considera indispensable «compromisos sólidos para garantizar condiciones de competencia justas».
En el punto de mira se encuentran las ayudas de Estado, la competencia, las empresas públicas, las normas sociales y laborales, las normas medioambientales, el cambio climático y los asuntos fiscales.
Sobre ayudas de Estado, la UE pide incluso que las reglas europeas se apliquen en el Reino Unido, que debería «poner en marcha una autoridad de control independiente» en «estrecha colaboración» con la Comisión.
La UE busca también reservarse el derecho de «aplicar medidas provisionales» para «reaccionar rápidamente» a eventuales infracciones del Reino Unido en este ámbito.
Sin embargo, Londres «no aceptará medidas (…) que vayan más allá de las previstas generalmente en un acuerdo de libre comercio global».
Para el gobierno británico, ambas partes deben únicamente «comprometerse a evitar» una «distorsión del comercio» y «mantener normas elevadas».
Diferendos
Bruselas quiere poner en marcha, como en cada acuerdo comercial, un mecanismo de resolución de diferendos, en caso de que alguna de las partes no respete sus compromisos.
Un «panel independiente», cuyas decisiones serían de obligado cumplimiento, se encargaría de solucionar las disputas y podría imponer sanciones financieras o incluso suspender el acuerdo.
Sin embargo, para la Comisión, el Tribunal de Justicia de la UE debe también poder pronunciarse sobre cuestiones de interpretación del derecho comunitario, en decisiones vinculantes.
Esta demanda supone una línea roja para Londres que reclama un mecanismo que refleje una «relación de igual a igual».
