Este jueves 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas resolvió una larga disputa legal iniciada por Nicaragua acusando a Colombia de entrometerse en su territorio marítimo exclusivo y vulnerando su posibilidad de explotarlo e investigarlo.
El tribunal de La Haya sentenció que Colombia violó los derechos nicaragüenses en el Mar Caribe, donde obstaculiza a barcos de Nicaragua para que puedan sacar provecho de la pesca, realizar investigaciones marinas y también por otorgar permisos a embarcaciones colombianas y de otros países.
En un fallo mayoritario de 9 a 6 favorable para Managua, la CIJ llamó a Bogotá a “cesar de inmediato la conducta”, según leyó el presidente Jean Donoghue, luego de “violar derechos y jurisdicciones” de Nicaragua.
El caso fue elevado en 2013 por los centroamericanos, alegando que los colombianos estaban invadiendo su soberanía en el Caribe, aguas reclamadas durante largo tiempo por ambos países y donde yace una reserva de la biosfera catalogada por la Unesco que está habitada por decenas de especies en peligro de extinción.
Durante años, Colombia ha abogado por la conservación de ese lugar y pretendió promulgar medidas en este territorio ajeno, motivos que enfadaron a Nicaragua.
La corte mundial le había emitido derechos de pesca a Managua en gran parte del Caribe occidental, pero eso no evitó que la Armada colombiana patrullara esas aguas, una vía importante para el tráfico de drogas de contrabando en América Central.
En audiencias anteriores, la parte nicaragüense había acusado que los botes de la Armada colombiana hostigaban a embarcaciones de pesca locales y protegía a las misiones que llegaban desde las costas sudamericanas.
Duque anuncia que no permitirá que Nicaragua «limite los derechos de Colombia»
Como respuesta, Bogotá expresó que las patrullas tenían los objetivos de combatir las rutas del narcotráfico y proteger la Reserva Marina Seaflower, un espacio creado por ellos y que está en la lista de reservas de la Unesco.
Este jueves, el presidente colombiano dijo desde la isla de San Andrés y acompañado de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que su gobierno «continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia».
Como Presidente asumí la responsabilidad de defender los intereses de la Nación y su soberanía frente a casos en curso en @CIJ_ICJ y mantuve el principio constitucional, ratificado por @CConstitucional, que los límites solo se modifican con un tratado ratificado por el Congreso. pic.twitter.com/VUQYJZFVU9
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 21, 2022
Este caso tiene sus orígenes en un fallo de la CIJ emitido en 2012 donde, a diferencia de esta vez, implicó cambios territoriales en ambos países. En aquella oportunidad, Colombia mantuvo la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 12 millas náuticas de alrededor, pero perdió 75.000 kilómetros cuadrados en manos de Nicaragua.
El reclamo de los caribeños fue bajo razones estrictamente jurídicas y geográficas, alegando que las islas están a solo 110 kilómetros de sus costas; mientras que están a 720 kilómetros de Colombia.
