La indignación generada por la vergonzosa decisión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas de autorizar varios contratos de prestación de servicios (CPS) con jugosos honorarios llevó a las autoridades a ponerles la lupa.
Además de la Fiscalía y la Procuraduría, que ya recibieron la denuncia formal, la Contraloría de Bucaramanga anunció la semana pasada una auditoría exprés a la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga. Esa decisión del ente de control ‘prendió’ las alarmas al interior del palacio de gobierno.
Y es que son varios los contratos suscritos con elevados honorarios. Corrillos logró tener información que al menos cuatro de ellos alcanzan los 10 millones de pesos y lo paradójico, todos giran alrededor del grupo político de Carlos Sotomonte, designado ‘Alto Comisionado de Santurbán’, un nombramiento que no existe en la planta de personal de la alcaldía local.
La anunciada auditoría exprés de la Contraloría llevó a que la propia Secretaria Administrativa, Isabel Cristina Rincón le anunciara al alcalde Cárdenas la renuncia al cargo si los contratos de Sotomonte y sus amigos no se ajustaban a las tablas de honorarios que para este tipo de profesionales existe dentro de la administración pública.
Sin embargo, a manera de bajar el ánimo y las consecuencias que pudiera generar la investigación fiscal, se decidió -mientras se hacen las pesquisas- suspender los onerosos contratos.
“Con lo que no nos cuesta…”
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para que un contratista CPS pueda acceder a un contrato de 10 millones de pesos mensuales, este debe ser, además de profesional en el área que se va a desarrollar (idoneidad), también debe ser especista y tener un promedio de 46 meses de experiencia profesional.
En el caso específico el exprecandidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Sotomonte, su perfil profesional y experiencia laboral no le dan para obtener beneficiarse del exorbitante contrato. De hecho, su cargo de Alto Comisionado para Santurbán no existe.
Sotomonte, de 26 años de edad, es Licenciado en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y su única experiencia es el haber sido miembro de la Junta Directiva del Acueducto de Bucaramanga por unos cuantos meses.
De los onerosos contratos también se favorecen amigos cercanos de fallida campaña electoral de Sotomonte. Jhon Carlos Pabón Mantilla también recibirá mes a mes $10 millones y Jhon Miguel Sandoval Acevedo con un contrato por valor de $24 millones.
Al excolumnista del portal La Silla Vacía, Daniel Felipe Valencia Sarmiento, le fue suscrito un contrato de $49 millones 500 mil pesos. Valencia, desde ese portal, estaba dedicado a darle ‘garrote’ a los entonces candidatos Fredy Anaya y Claudia López; por lo que se presume que éste es el pago a la labor que hizo durante la campaña electoral en favor de Juan Carlos Cárdenas.
Es claro que, según el DNP, Sotomonte y sus amigos -por idoneidad, capacidad y experiencia- solo podrían acceder a honorarios que no superarían los $3 millones 500 mil pesos mensuales.
Autoridades ya le pusieron la lupa
Las denuncias que por redes sociales se han generado pobre los contratos de Sotomonte y sus amigos de ‘lucha’ política, llevó a que fueran radicadas las quejas ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la Contraloría de Bucaramanga ya anunció una auditoría exprés.
Corrillos conoció que el ente de control fiscal territorial ya definió un equipo auditor para revisar uno a uno los contratos de prestación de servicios que se han suscrito este año en la Alcaldía de Bucaramanga. Con lupa revisarán montos de pago, idoneidad y labores a desarrollar, especialmente porque “se evidencian contratos para pagar favores políticos”, dijo una fuente de la Contraloría.
Esa decisión de auditoría exprés que se hará a su despacho tiene con los pelos de punta a la Secretaria Administrativa Laura Cristina Rincón, toda vez, su labor de firmar contratos a ciegas que le ordena el alcalde Cárdenas, podría convertirla en la primera funcionaria en caer en una investigación fiscal y ser la responsable en un proceso penal y disciplinario por detrimento del erario municipal.
“Ese es el negocio, socio”
Aunque es labor del Concejo de Bucaramanga hacer control político a las actividades de la alcaldía, los concejales están más preocupados en otras cosas que en defender la plata de los bumangueses. Hasta el momento ninguno de los 19 se ha referido públicamente sobre este escándalo de contratación.
Esto le ha permitido al propio Carlos Sotomonte tejer una estrategia para hacerle el quite a las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. El suspender el oneroso contrato es el inicio de ella.
“Carlos (Sotomonte) va a esperar a que se haga la auditoría para reiniciar el contrato. Suspendiéndolo -según él- la Contraloría no detectará hallazgos. No sé si los demás contratistas harán lo mismo”, dijo a Corrillos una fuente de la propia Secretaría Administrativa, quien puso en evidencia la preocupación de la jefe de ese despacho por la investigación fiscal.
El comportamiento administrativo que generó el supuesto pago de favores políticos con contratos onerosos, no solo ha indignado a sectores opositores al gobierno local, también de sus aliados.
Oscar Jahir Hernández, Director Político del Movimiento La Liga, dijo en Twitter el pasado 27 de enero que,” ante los ataques que han venido recibiendo aquellas personas que no tienen la experiencia para los cargos en los que han sido nombrados, un buen mensaje para la ciudadanía sería renunciar a la mitad de sus honorarios. Si el ejemplo no comienza en casa, no son de nuestra casa”.
Ahora les corresponden al Concejo, en su labor de control político; a la Fiscalía y a la Procuraduría, iniciar las investigaciones del caso.
