Por: Pablo Arteaga/ En esta columna miraremos desde una perspectiva muy personal, el por qué la justicia en Colombia es un saludo a la bandera, expresión que lleva a la definición en nuestro lenguaje coloquial a un gesto desprovisto de todo valor y solemnidad, aludiendo a una acción irrealizable y demagógica en donde efectivamente existe toda una estructura judicial atarugada de normas y leyes, pero que finalmente no resultan siendo efectivas.
Lo anteriormente expresado lo vemos reflejado en el constante desafío de la sociedad a esta, lo que ha conllevado a que un gran porcentaje de los ciudadanos simplemente desconozcan la autoridad y las leyes, generando una sociedad desordenada, sin principios, sin valores, sin respeto, sin miedo a infringir las normas y las leyes.
El resultado de este comportamiento, sumado a la concentración del poder en la rama ejecutiva y a la gran cercanía con el gobierno nacional, producto de la catalogada mermelada burocrática participativa, ha llevado a Colombia a ubicarse en el primer lugar en encuestas de percepción de los países más corruptos del mundo, según caracterización hecha por portales como la famosa revista U.S. News y transparencia internacional en el año 2019.
Y aunque el Gobierno Nacional ha intentado desmentir a través de algunos medios de comunicación esta encuesta de percepción hecha por este portal. Lo cierto es que la realidad que vivimos en el país no está lejos de percibir que el cáncer de la corrupción ha sido socialmente aceptado, al punto de escuchar en algunos espacios dentro de la sociedad colombiana cuando hacen referencia a la clase política que elige y los representa, expresiones tales como: “que robe, pero que deje robar”, “que robe, pero que deje algo”, “que robe, pero que de empleo” o peor aún “qué más da, todos roban, y yo no dependo de la política”.
Otra situación que ahonda aún más la realidad y la imagen de Colombia son los innumerables escándalos de corrupción, por delitos de detrimento del erario público, peculado, prevaricato, cohecho, celebración indebida de contratos entre otros. que semana tras semana, aparecen en medios de comunicación y redes sociales, al igual que las innumerables denuncias por parte de algunos veedores sociales, líderes políticos y periodistas, ante los medios y entes de control, como Fiscalía, Procuraduría y contraloría en todo el territorio nacional, no obstante, en la mayoría de los casos vemos a los involucrados haciendo uso de las triquiñuelas jurídicas inmersas dentro del aparato judicial, y de algunos funcionarios corruptos para evadir a la justicia.
Si bien es cierto que en Colombia todos los imputados son inocentes hasta que se les compruebe lo contrario y que muchas denuncias posiblemente no tengan el material probatorio para brindarle el soporte jurídico a un juez para la toma de una decisión condenatoria en contra de estos. La percepción de la ciudadanía en general es que los órganos de control no funcionan efectivamente, al igual que el aparato judicial, los que son condenados obtienen condenas irrisorias frente a los delitos cometidos, sin mencionar algunos casos en donde cumplen condenas en grandes mansiones, haciendas u en su defecto en batallones con acceso y condiciones de hoteles 5 estrellas, y a los que peor les va en cárceles especiales de gran confort, todo depende del nivel de poder del condenado o imputado.
Solo a manera de ilustración y ejemplo, misionaré algunos casos que hacen parte de la historia de nuestro país y región. Uno de los que más ha marcado la historia de Colombia fue el magnicidio de excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en donde uno de los condenados, el renombrado gamonal político Alberto Santofimio Botero, exsenador de la República fue condenado por homicidio con fines terroristas a 24 años de prisión, pero que finalmente terminó pagando 9 años y dos meses en uno de los patios privilegiados de la Cárcel la Picota en la ciudad de Bogotá, los tres años y dos meses restantes los pagaría un lujoso apartamento ubicado en el sector de El Chicó en esta ciudad, con un área de 200 metros cuadrados, adicionalmente en el año 2020 el juzgado 16 de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad condicional, hecho que fue cuestionado por, la Corporación Excelencia en la Justicia quien rechazó el beneficio dado al exsenador.
Otro magnicidio que marco la historia de Colombia fue el de Álvaro Gómez Hurtado, el cual, hasta la fecha se mantiene impune, aun así, una de las teorías que tiene la fiscalía es que en el presente magnicidio estuvieron involucrados el expresidente Ernesto Samper y el fallecido gamonal político, santandereano Horacio Serpa Uribe, esta teoría soportada en decenas de testimonios como material probatorio que incluyen las declaraciones de Fernando Botero Zea, ministro de Samper condenado por enriquecimiento ilícito, y de Luis Gómez, un exnarcotraficante del Cartel del Norte del Valle conocido como «Rasguño», en que señalan como el autor intelectual del magnicidio al entonces jefe de Estado (Ernesto Samper) y su ministro del interior y jefe de campaña (Horacio Serpa).
“La hipótesis planteada es que el ex presidente Samper y su ministro de Interior, Horacio Serpa, supuestamente se aliaron y con otros grupos narcotraficantes y paramilitares para matar a Gómez Hurtado con tres propósitos: desviar la atención del llamado Proceso 8.000, acabar con un férreo opositor y evitar la extradición de delincuentes, una prioridad del conservador en su eventual gobierno”.
No podría dejar de mencionar los más recientes escándalos de corrupción, el cual es protagonizado por el clan más cuestionado del departamento de Santander e integrado por miembros de la familia Aguilar, en el cual vemos al ex miembro de la Policía Nacional y exgobernador del departamento de Santander, Hugo Aguilar Naranjo hoy privado de la libertad y recluido en uno de los batallones más emblemáticos y lujosos en la ciudad de Bogotá, (BN13 en Puente Aranda), en donde se encuentra hoy también su hijo Richard Aguilar, Exgobernador, y Senador de la República, que según los entendidos en la materia, habría tomado la decisión de renunciar a la curul del senado un día después de ser capturado por miembros del CTI el pasado 28 de julio del 2021, como parte de una estrategia jurídica o como popularmente se conoce “triquiñuela jurídica” para evadir a la Corte Suprema de Justicia.
Otro caso en la región es el del exalcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, quien hoy se encuentra inmerso en un sin número de procesos por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su periodo administrativo, en entre los que encontramos solo por nombrar algunos: El caso de los niños fantasmas, informe periodístico investigativo denunciado por el periodista Alberto Donadío a través del diario El Espectador y donde le fueron imputado los delitos de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, peculado e interés indebido en la celebración de contratos, también podemos encontrar la imputación de otros delitos como concierto para delinquir, constreñimiento electoral, retención de cédulas y un robusto material probatorio por hechos sucedidos en el proceso de revocatoria que se le habría adelantado en el 2017 en su contra, situación que lo llevo a que le decretaran medida de aseguramiento en su momento, pero en el 2019 un juez de la ciudad de Bogotá tomó la decisión de levantarle la medida luego de que a la Fiscalía se le venciera el plazo que tenía para renovar la medida de aseguramiento del imputado quien hoy se encuentra en libertad, así como otros presuntos delitos ocurridos durante su administración.
Es evidente la pérdida de confianza por parte del pueblo colombiano frente a los órganos que componen el aparato de la estructura judicial y como consecuencia, ha conducido a tal vez el más grave error por parte de los ciudadanos, al aceptar socialmente el cáncer de la corrupción dentro de sus vidas como una circunstancia normal u cotidiana, sin percatarse que los mayores aspersores y portadores de esta enfermedad son ellos mismos, con cada acción y comportamiento, la cual, terminará condenando a todo un país, a la pobreza, miseria y al desamparo.
La justicia no puede seguir siendo un saludo a la bandera, los colombianos no podemos seguir fortaleciendo esta gran enfermedad que se llama corrupción y mucho menos aceptándola, la prodigiosa píldora que elimina tan aterrador enemigo, siempre la hemos tenido en nuestras manos, cada dos años en épocas electorales el mismo estado desacreditado, corrupto y contaminado nos la entrega, pero a pesar que siempre hemos tenido el libre albedrío de tomar la decisión de ingerirla o no, infortunadamente se termina canjeando por una contraprestación personal, o lo más complejo, es que en ocasiones el canje no alcanza a superar la barrera de los $34 pesos por día de gobierno electo.
Los principios, valores y buenas costumbres deben retornar a los hogares colombianos, el tomar la decisión de quienes nos gobiernan de manera autónoma y honesta. El principio ético de elegir no está lejos de nuestro alcance, la formación de una cultura cívica y principios de urbanidad deben infundirse en las aulas de clases de todas las instituciones educativas del país, sin dejar a un lado la responsabilidad de los padres en sus hogares de reforzar lo entregado desde la estructura educativa.
No hay castigo más efectivo, que el castigo social frente a los actos y hechos de corrupción.
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*Profesional en Comercio Internacional y Especialista en Gerencia de Proyectos.
Correo: arteagapab@gmail.com
Twitter: @2018Arteaga
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
