Mientras en el Congreso, la ley de procedimiento para el funcionamiento de la recién creada Jurisdicción para la Paz avanza contrarreloj, éste tribunal está tomando decisiones poco populares.
Éste miércoles, funcionarios de la JEP planeaban llegar hasta la casa religiosa Caminos de Libertad, donde está recluido Jesús Santrich, con el fin de que firmara una nueva acta de compromiso ante esta jurisdicción. Sin embargo, este procedimiento deberá ser postergado luego de que los magistrados decidieron analizar si Santrich puede o no tener acceso a este recurso.
El documento que pretende firmar Santrich es el mismo que suscribieron cientos de guerrilleros que estaban privados de la libertad para pedir ante su juez natural la libertad condicional, la suspensión del proceso o la suspensión de la ejecución de la sentencia a cambio de ratificar su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Santrich, por ser un miembro del secretariado de las Farc y no haber estado privado de la libertad, había firmado en el pasado otra acta, mejor conocida como de «reincorporación social y política». Sin embargo, con esta nueva jugada lo que busca es decirle a su juez natural -tema que está en el centro de la discordia- que estudie la posibilidad de dejarlo en libertad. Aunque el acta permitió la libertad a cientos de guerrilleros, en el escenario de Santrich la fecha en que supuestamente ocurrió el delito de narcotráfico sería determinante para una eventual decisión de fondo.
Este nuevo recurso aviva la polémica que desató la captura con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, esta semana reclamó la competencia para haber efectuado el procedimiento de detención y allanamiento al lugar de residencia de Santrich, en el barrio Modelia.
Ante la cúpula de la justicia, reunida en Cartagena, Martínez defendió la legalidad del operativo y manifestó que la revisión de su actuar por parte de cualquier otra autoridad sería un «desafío con rasgos de temeridad».
Cuando la JEP asumió la competencia para estudiar el caso Santrich, tomó la decisión de suspender el trámite de extradición y pedir a la Fiscalía los detalles de la captura a fin de estudiar el caso. Con esta medida, dijo Martínez, corre riesgo no solo la medida de detención de Santrich, sino la legalidad del material electrónico incautado en la vivienda del exjefe de las Farc; en total fueron hallados 10 computadores.
Ante este panorama, la intervención de la Corte Constitucional se hace cada vez más necesaria.
