La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanó el viernes la sede del Tribunal Supremo Electoral e incautó al día siguiente las actas de los comicios celebrados el 25 de junio y 20 de agosto.
El allanamiento se produjo en respuesta a las denuncias de irregularidades en el proceso electoral, justificó el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la operación.
Se trata del cuarto allanamiento realizado en la sede de la institución en dos meses, después de que el socialdemócrata Bernardo Arévalo de León ganara las presidenciales en segunda vuelta frente a la ex primera dama Sandra Torres.
Arévalo, de 64 años, ganó los comicios con un marcado discurso anticorrupción, un mal endémico en el país.
El Alto Comisionado, con sede en Ginebra, denunció también que la fiscalía solicitara quitar el fuero a los magistrados electorales «por presuntamente cometer delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad».
Estas medidas «parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho en general», criticó el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, citado en un comunicado.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya había manifestado a finales de julio su preocupación tras los allanamientos de la fiscalía al tribunal electoral y al partido Semilla de Arévalo antes de la segunda vuelta.
«Pido a todas las autoridades guatemaltecas que se abstengan de cualquier intento adicional de desafiar la voluntad del voto popular», insistió Türk, denunciando también el «hostigamiento» y la «intimidación» contra funcionarios y personas electas.
Arévalo debe asumir sus funciones el 14 de enero como sucesor del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
Las acciones de la fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, han sido cuestionadas tanto en Guatemala como en el extranjero.
Para Arévalo, corresponden a un «golpe de Estado» en curso para evitar que asuma el poder, una acusación que rechaza la fiscalía.
Tanto Porras como Curruchiche están incluidos en la lista elaborada por Washington de personas «corruptas» y «antidemocráticas».
