La paz continúa siendo esquiva en muchas regiones de Colombia y en 2019 hubo un deterioro de las condiciones humanitarias por un aumento de las víctimas de artefactos explosivos, de desplazamiento forzado y las agresiones a misiones médicas, dijo el miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El país firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, pero aún existen enfrentamientos con grupos disidentes que se apartaron del pacto, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
“La situación humanitaria se deterioró para la población civil. Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario y otras normas humanitarias”, dijo Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
“La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio”, afirmó. “Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”.
La desmovilizada guerrilla de las FARC desalojó extensas zonas montañosa y selváticas tras el acuerdo de paz que permitió que unos 13.000 integrantes del grupo se reintegraran a la sociedad después de dejar las armas, pero otros grupos ilegales armados las ocuparon para actividades de narcotráfico y minería ilegal, según organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el CICR, en 2019 las explosiones de minas antipersonales dejaron 352 víctimas, un incremento de un 59% en comparación con el 2018, mientras que más de 25.000 personas fueron obligadas a desplazarse y 27.000 soportaron confinamiento por presiones de grupos armados ilegales que no respetan a la población civil ni el Derecho Internacional Humanitario.
El informe del organismo humanitario reportó 93 casos de desapariciones forzadas y 218 incidentes de agresiones contra misiones médicas, más del doble de las registradas en 2018.
“Mucho queda por hacer, lo que se ha hecho no es suficiente, se necesitan muchos más esfuerzos de todos, de la sociedad y de las instituciones del Estado”, concluyó Harnisch refiriéndose a los retos para mejorar las condiciones humanitarias de la población civil en las zonas más apartadas del país sudamericano de 50 millones de habitantes.
