El presidente no hizo otra mención al embajador León Freddy Muñoz, pero quedó claro su cuestionamiento a quien apenas unos días antes de que se conociera la decisión definitiva de la CIJ fue el protagonista de una polémica.
Durante las conmemoraciones del Día de la Independencia desde San Andrés, el presidente Gustavo Petro hizo una ferviente defensa a la estrategia del Estado colombiano en el tramo final del pleito con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que favoreció a Colombia en su defensa por lograr mantener la soberanía en el mar de la isla.
Allí, el mandatario recordó que, tras un primer revés de Colombia ante Nicaragua en el 2012, el presidente Juan Manuel Santos «tuvo una buena idea», la de convocar un equipo conformado por autoridades e intelectuales raizales para buscar una nueva estrategia tras la derrota. «Y empezaron a salir los conceptos del pueblo raizal», dijo.
Al llegar al Gobierno, Petro señaló que presentía que Colombia podía tener un nuevo resultado adverso ante la Corte Internacional de Justicia. «Recibimos lo que había, lo bueno y lo malo».
Y añadió que la clave del enfoque de la defensa en ese momento era «tratar de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural, al cual no se le había escuchado ni tenido en cuenta».
El mandatario recordó en esa parte de la intervención que el Gobierno nombró «embajadores y embajadoras hijas de esta isla, de esta cultura, para que fueran nuestros embajadores en las islas antillanas», aseguró.
Y luego vino la ‘pulla’ al diplomático: «quizá debimos nombrar uno en Nicaragua».
El presidente no hizo otra mención al embajador León Freddy Muñoz, pero quedó claro su cuestionamiento a quien apenas unos días antes de que se conociera la decisión definitiva de la CIJ fue el protagonista de una polémica: se dejó ver con con símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una marcha a favor de la revolución que tumbó a Anastasio Somoza.
Miembros de la oposición en Nicaragua llamaron la atención sobre este hecho. Luego, el funcionario publicó un comunicado en su cuenta de Twitter señalando que «ante las gestiones propias de la Embajada y los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es mi obligación como Embajador, participar en reuniones y/o actividades importantes para el Gobierno».
Tras los hechos conocidos, la Procuraduría abrió una investigación para revisar la conducta del funcionario y el mismo Canciller Leyva hizo una dura declaración. «Incurrió en una garrafal equivocación y eso tiene consecuencias», aseguró.
