Amnistía Internacional publicó un informe señalando que las poblaciones indígenas y campesinas fueron objetivo de la mayor violencia policial y represión por parte de las fuerzas armadas peruanas en las manifestaciones que empezaron en diciembre pasado tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo.
El Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima con armas letales durante las manifestaciones que estallaron en diciembre y que prosiguen más de dos meses más tarde. Según la organización Amnistía Internacional, las poblaciones indígenas y campesinas fueron especialmente apuntadas por esta violencia policial.
En base a datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, la organización registró que el número de posibles muertes arbitrarias por las fuerzas de seguridad se concentra de forma desproporcional en regiones con población mayoritariamente indígenas.
«Mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis», revela el informe. Y eso, a pesar de que el nivel de violencia estatal en estas regiones fue prácticamente igual al registrado en Lima, por ejemplo.
En Juliaca, en el departamento del Puno, donde hay un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas por proyectiles de armas de fuego el 9 de enero durante las protestas.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las protestas en Perú estallaron un día después de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo el pasado 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro castillo. Los manifestantes reclaman su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y la formación de una Asamblea Constituyente.
Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas y dejaron decenas de muertos desde diciembre.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
En su investigación en los departamentos de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, Amnistía Internacional documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.
De estos 12 casos, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar de un uso intencional de la fuerza letal.
La organización entrevistó a una larga diversidad de perfiles en el marco de su investigación, entre ellos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensoría del pueblo, periodistas, familiares o testigos presenciales.
La organización pudo analizar al menos 36 piezas de material en foto y videográfico, de las cuales «al menos 11 apuntarían al uso excesivo y en ocasiones indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad», según el informe.
Jhonathan Erik Enciso Arias, un joven jugador de voleibol e hijo de padres quechuahablantes, murió el 12 de diciembre a causa de un disparo de munición letal. Se encontraba en el cerro local de Huayhuaca, en el centro de la ciudad de Andahuaylas, donde decenas de personas estaban para filmar la protesta.
Ese día, policías dispararon a este grupo y Jhonathan Erik Enciso Arias murió. Sin embargo, la organización demostró, gracias a imágenes de video, que el joven no estaba ejerciendo violencia contra la policía. Tal caso podría constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
Criminalización de las manifestaciones
Aunque las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras, por ejemplo.
Sin embargo, en múltiples ocasiones, para legitimar el uso de la fuerza por parte de la policía, las autoridades tuvieron un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan. Las acusaron de tener vínculos con el “terrorismo” o con grupos criminales, entre varias cosas, para deslegitimar sus demandas y justificar la violencia de la represión.
“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Según la organización, las autoridades también atacaron de manera continua a la prensa independiente e internacional. En unas ocasiones, se documentaron afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Cinco recomendaciones
Amnistía Internacional concluyó su informe con 5 recomendaciones a las autoridades peruanas:
- «Poner fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales».
- «Avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel».
- «Poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan » y poner fin « a la discriminación racial estructural».
- «Proporcionar urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas».
- «Garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas», por acciones de la comunidad internacional».
Este jueves, la organización también reiteró al Gobierno español su petición para que deje de exportar armas y material antidisturbios a Perú, tomando en cuenta los «ataques generalizados» hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la «grave crisis de derechos humanos» que vive el país.
«Amnistía Internacional España pide al gobierno mejoras en la evaluación de riesgo de las ventas de armas a Perú, que aplique el protocolo para verificar el uso de las armas exportadas adoptado en 2020 para garantizar que armas españolas no se usan para cometer violaciones de derechos humanos e investigue el uso de las armas españolas en la represión en Perú», señaló la organización.
