Por: Óscar Prada/ Colombia, un país con múltiples traumas, ya sean: la crisis sanitaria, la crisis fiscal, la crisis social, el desempleo, entre muchas; todas las anteriores agravadas por la pandemia del COVID-19, configuran lesiones demoledoras para el bienestar del pueblo como ente primario del poder estatal, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución Política que dicta así:
“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.”
Es decir, el poder supremo del pueblo se ejerce mediante mecanismos de representación y demás consignados; sin embargo, la soberanía del pueblo no pierde exclusividad y soberanía ante el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y por ende la manifestación del mismo debe ser respetada y considerada.
Colombia, como nación que adolece múltiples lesiones gravosas, padece una pavorosa triada de la muerte, -llámese así en el argot de la ciencia médica-, que es aquella producida por el excesivo sangrado-originado de los traumas- que conlleva a producir tres consecuencias catastróficas, y se configuran como fieles antecesoras de la muerte; aquellas son: la falta de coagulación, la acidosis sanguínea e hipotermia. Las tres nombradas conforman un círculo perfecto para materializar un deceso. La situación actual es una analogía pertinente a triada descrita, debido a la represión gubernamental – como acidosis-; a las reformas perjudiciales –como falta de coagulación-; y a la indiferencia gubernamental –como hipotermia-. Ya veremos las razones de tan preocupante analogía.
La nación ha sangrado más de lo debido, durante más de un año, ha sobrellevado con inmenso coraje los embates de una pandemia que ha disparado el desempleo, la pobreza, la violencia, y el arrebato inmisericorde de sus seres queridos; todo lo anterior sin el chistar de la población. La sociedad colombiana ha cargado con las fuerzas que le quedan el gran peso de las heridas de guerra, de sus mutilaciones y variedad de cicatrices durante varios lustros; empero los golpes que ha sufrido hace poco más de un año han ocasionado que la nación se ahogue en su propio charco sanguinolento.
El clamor de sosiego de un pueblo que se ahoga y se retuerce de dolor insoportable; es rápidamente silenciado por la indiscriminada represión gubernamental, un pueblo con dolor, al igual que una persona con dolor no es un ser racional; sus mismas dolencias lo convierten en un ente irreconocible. Colombia al igual que una persona con dolor terminal experimenta alteraciones graves en su manera de actuar. El padecimiento y sufrimiento ininterrumpido de la sociedad hace que esta grite, llore, y se queje; sin embargo, se pretende-por parte del gobierno- callar a un pueblo moribundo sin ápice de cura, es concebir encarnar el verdadero engendro de la crueldad como el adalid que funge los órganos estatales. La represión gubernamental, al igual que la acidosis de la triada, hace que la hemorragia continúe. El suponer que sujetando a la población amordazándola para que no emita sonido alguno, ni se retuerza de dolor con la finalidad de disminuir la hemorragia, es un tratamiento sin fundamentación y de trasfondo siniestro.
La frialdad del gobierno durante el último año, ha causado la estrechez de la circulación social, y desproporcionadas restricciones económicas para la mayoría del común; contrastando con las gabelas obsequiadas por parte de la administración nacional a las grandes superficies, a las entidades bancarias, a las multinacionales y corporaciones. La hipotermia producto de la mirada indiferente del gobierno para su pueblo agobiado, ha repercutido en aumentar la hemorragia de sus innumerables traumas; el discurrir de las palabras donde se le califica al vulgo como “atenidos”, o donde su propio defensor-del pueblo- sale de vacaciones, e inclusive donde su primer mandatario realiza un programa matutino ignorando el charco de sangre que mojan sus suelas; se constituyen en un diagnóstico hipotérmico de nuestra gravosa situación, producto de la desidia estatal.
Quizás un paquete de reformas consecuentes con el acontecer del común fuese una solución para acaparar la sufriente hemorragia social producto del politraumatismo acaecido por severa precariedad; por el contrario, el paquete de reformas agrava el derrame sanguíneo, actúa de forma vampírica, succionando la poca sangre que le queda al pueblo. La ineficacia de combatir la corrupción, hace que para el ejecutivo sea más factible tramitar alzas de impuestos injustas e inconsecuentes con la realidad del común de la gente más desprotegida; a su vez como si fuera poco prevé una reforma a la salud que erosiona los lánguidos cimientos de la actual, que convertiría las EPS en AS (aseguradoras de salud), y que funcionarían mediante pólizas para atender patologías asociadas limitando sus funciones básicas a un nuevo régimen primario (que se definiría a potestad del legislador), que en pocas palabras privatiza un servicio, que se financia con los impuestos de la gente. Lo anterior serviría para arrebatarle al pueblo de sus débiles manos la poca dignidad que le queda, precarizando aún más el raquítico servicio que tiene para conservar su propia vida.
La población colombiana, se ha caracterizado por soportar los embates de su trágica historia, camina sin quejarse a pesar de sus traumas, el último año todo ha sido de mal en peor, la situación no da muestras de mejoría; sino todo lo contrario, se presencia un descontento social generalizado producto de un gobierno, del que se esperaba que preservase el bien general –de la propia sociedad -y para que le sirviese de baluarte en la tribulación; de manera paradójica la administración nacional se comporta más bien a manera de verdugo. Las personas de a pie se quejan del dolor y claman en las calles el cumplimiento de los principios constitucionales que rezan entre muchos los que se consignan en el artículo 2 de la Carta Magna, que dice:
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
La sociedad dolida y muriente, desconoce a sus gobernantes, no se comportan consecuentemente con lo que predicaron en tiempo electoral, la población clama ser escuchada, clama ser protegida, clama sentirse representada; empero, todo lo contrario, acontece en forma de represión, despojo y desidia, y las masas sienten que sus derechos y libertades que deberían ser protegidos por el Estado, más bien están siendo lapidados de la forma más vil.
De manera personal no comparto la violencia que se ha presentado en los últimos días-sea de donde provenga-; sin embargo, el dolor, el sangrado, y la frialdad son síntomas productos de la ineptitud supina del gobierno, y dicha ineptidud ratifica a aquellos gobernantes que detentan el poder, el deber moral y constitucional de resolver rápidamente la situación que ayudaron a causar producto de su negligencia. Ni siquiera el pueblo solicita una lectura de lo que acontece, porque de ello no se requiere ningún reducto de interpretación; simplemente basta con realizar el ejercicio de asomar la cabeza por la ventana y mirar la muchedumbre dolida, hambrienta y sangrada para deducir que se requiere solventar la situación con suma urgencia.
Lo que ocurre es producto del aplazamiento, del no asumir, del ignorar y de la completa desconexión de los poderes estatales. Tal vez si el ejecutivo hubiese utilizado el estado de emergencia económica, -que utilizo el año pasado-, para legislar por medio de decretos pertinentes a las verdaderas y consecuentes necesidades sociales que solventaran el sistema de salud, que ayudaran a los pequeños empresarios y reestructuraran la cartera nacional en beneficio del bien común y no el particular; no se estuviese en este momento imputando al poder ejecutivo como ejecutor de actos incoherentes, indolentes y descorazonados, como propiciadores de un sufrimiento corporal por desangramiento y hambre, maximizados por un agobio más grave como es el dolor moral y de patria, a causa de la indiferencia que actúa como mordaza transgresora de las dignidades alicaídas-del pueblo-, por las constantes represiones y reformas indiscriminadas por parte de la actual administración, y que conforman una verdadera triada de la muerte.
*Ingeniero Civil y Estudiante de Derecho.
Twitter: @OscarPrada12
