«Vivir con la ausencia es morir en silencio», es el mantra repetido por Yaritza Paniagua. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que según datos de la Comisión de la Verdad de Colombia, alcanza a más de 100.000 personas.
Yaritza es la directora de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos componente Farc en el oriente de Colombia. Realiza su trabajo desde el Espacio Temporal de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, ubicado en Mesetas, en el departamento del Meta, uno de los más castigados por el conflicto. Si Colombia suma un 17 % de víctimas, el Meta registra el doble.
Esta Comisión pertenece al partido Comunes —la formación política de las extintas Farc— y colabora con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, surgida después de los Acuerdos de paz de 2016 entre Colombia y la guerrilla, y parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Más de 100 excombatientes participan en distintas comisiones, las mismas que ocupaban en los frentes cuando estaban alzados en armas. Son las de Occidente, Sur, Costa y Santanderes, Antioquia y Eje Cafetero, que se agrupan en una comisión nacional, liderada por Mauricio Jaramillo.
Su función es documentar casos de posibles desapariciones, tanto de exguerrilleros como de todo tipo de personas de la sociedad, desde civiles, hasta paramilitares y militares. Después buscan la información con otros excombatientes desmovilizados que podrían haber participado en operaciones en las que se produjeron las desapariciones.
«No decimos que todos se vayan a encontrar, porque es muy difícil, pero al menos que se encuentre la verdad, se haga una reparación simbólica para las familias y puedan descansar después de tanto tiempo de dolor», explica Yaritza.
Hasta el momento han documentado más de 800 víctimas, de las cuales más de 100 han sido ubicadas. Esta información ha sido entregada a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que puedan proceder con las exhumaciones.
Para Yaritza se han logrado avances: «Excombatientes buscando a desaparecidos del conflicto es algo inédito en el mundo», aunque lamenta la falta de recursos: su oficina está en su propia casa y los 35 documentadores que colaboran no pueden hacer el trabajo a tiempo completo, sino en sus ratos libres.
Las dificultades para encontrar desaparecidos
Después de cinco años se repite un patrón: la ubicación es posible, pero muchas veces la exhumación es imposible. Es el caso de Laura Lara, una excombatiente que sabe dónde está una hija desaparecida. Sin embargo, la dificultad del terreno impide hallar a Leidy Yadira Santana, muerta en combate. El paso del tiempo y la complejidad orográfica de Colombia dificultan la búsqueda de los desaparecidos.
La Comisión también se encuentra con la imposibilidad de ejercer su trabajo por las amenazas que reciben de grupos armados. En el Meta, además de grupos criminales y paramilitares, existen disidencias de la guerrilla de las Farc.
Un grupo comandado por ‘Gentil Duarte’, que abandonó el proceso de paz antes de la firma, y la II Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, desertor dos años después de los Acuerdos de paz. Estas facciones se disputan el territorio y mantienen alejados a los grupos de búsqueda.
Para Yaritza todo esto confluye en un problema que ha descubierto en su reincorporación a la vida civil: la burocracia, su lentitud y la complejidad entorno a una exhumación: «Si de mí dependiera ya habríamos recuperado a varios, nosotros mismos iríamos y entregaríamos los cuerpos».
El tiempo apremia. «Se está perdiendo información, se está matando a compañeros que sabían dónde están los desaparecidos, la gente se está asustando y ya no explican con la misma soltura qué pasó; por las amenazas y por las dificultades que pone la Jurisdicción Especial para la Paz».
Guerrilleros también han sido víctimas de desaparición forzada
Pero Laura Lara no solo busca a Leidy, también a otros tres hijos, su esposo y su hermano. Son familias golpeadas por un conflicto armado de más de cinco décadas.
La firma del proceso de paz, Yaritza y la Comisión de Búsqueda devolvieron a Laura la esperanza de encontrarlos: «Nunca más me voy a quedar callada por miedo a que me maten», dice.
Los victimarios imponen la ley del silencio en los territorios de Colombia en una práctica de control que busca evitar la atención pública para poder continuar con actividades ilícitas de extractivismo y narcotráfico.
La guerrilla servía de protección al margen de la ley. Con el desarme y la reincorporación a la vida civil, los excombatientes han quedado expuestos y cerca de 300 han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de paz. Para la Defensoría del Pueblo, los desmovilizados están «en riesgo alto» en casi todo el país.
La paz encuentra en los excombatientes esperanza
Pero rendirse no es una opción para Yaritza, que sigue buscando a su hermano, desaparecido en combate. Gracias a su labor puede sentir que lo encuentra: especialmente cuando ubica a una persona dada por desaparecida.
«Es necesario buscar a todas las víctimas porque sus familias lo están requiriendo. Están sufriendo y la ausencia los ha matado en vida», cuenta Yaritza.
Tiene 51 años y 30 los pasó en las filas de las Farc, donde llegó a ser comandante. Son muchos los recuerdos de los que no puede desprenderse y que concentra en un diario personal. El grueso fue escrito en la cárcel, donde estuvo tres años, hasta que salió durante el proceso de paz. Fue detenida después de un bombardeo en el que murió su marido: «Dónde quiera que estés, no vayas a olvidarme», reza una de las cartas que le escribió.
Fotos, textos al amor de su vida, poemas y canciones. Yaritza se emociona al abrir el diario, que espera algún día poder convertir en un libro de memorias.
Después de toda una vida en la selva, la cotidianidad de una casa o una familia se siente extraña. En el ETCR encuentra el compañerismo y la comunidad con otros excombatientes.
Con los acuerdos entre el Estado y las Farc, más de 13.000 guerrilleros optaron por desmovilizarse. Sin embargo, según datos de la ONU, tan solo poco más de la mitad, el 54 %, han podido acogerse a planes productivos colectivos e individuales. Pese a la falta de oportunidades, según el observatorio Indepaz, el 95 % está cumpliendo con los acuerdos.
Yaritza no lo duda, una nueva vida vale la pena: «Siempre fuimos conscientes de que todo debía desembocar en un proceso político, la guerra no iba a más, han sido demasiados años».
