Bruselas arremete contra X. Este lunes 18 de diciembre, la Comisión Europea anunció una «investigación formal» contra la red social antes conocida como Twitter por presuntas infracciones de las normas europeas sobre moderación de contenidos y transparencia, una primicia en el marco de la nueva Legislación Europea sobre Servicios Digitales (DSA).
«Atrás quedaron los días en que las grandes plataformas en línea actuaban como si fueran demasiado grandes para preocuparse por las normas», declaró el Comisario Europeo de Asuntos Digitales, Thierry Breton, subrayando que las nuevas normas «protegerán a nuestros ciudadanos y nuestras democracias».
El 12 de octubre, la Comisión Europea ya había anunciado la apertura de un procedimiento preliminar relativo a la «información falsa», los «contenidos violentos y terroristas» y la «incitación al odio», dirigido contra la red social del multimillonario Elon Musk, cinco días después de los atentados de Hamás contra Israel.
Esta primera etapa consistió en una solicitud de información para comprobar si la plataforma X cumplía con sus obligaciones europeas.
Las respuestas de la empresa estadounidense, así como su «informe de transparencia» publicado a principios de noviembre para hacer balance de los métodos de moderación de contenidos utilizados, no convencieron al Ejecutivo europeo, que dispone ahora de poderes de control y sanción.
La legislación europea prevé multas de hasta el 6% del volumen de negocios global del grupo infractor. En caso de infracciones graves y reiteradas, puede incluso prohibirse a una plataforma operar en la UE.
Lucha contra los contenidos ilegales
«Las pruebas que tenemos actualmente son suficientes para abrir formalmente un procedimiento contra X», ha declarado la vicepresidenta del Ejecutivo europeo, Margrethe Vestager, citada en un comunicado.
Con la apertura del procedimiento «formal», la Comisión explicó el lunes que seguiría «reuniendo pruebas» solicitando nueva información a X, realizando entrevistas o llevando a cabo inspecciones.
Este procedimiento permite ahora a la Comisión tomar medidas para obligar a X a cumplir las normas, o aceptar las propuestas de la plataforma para abordar los aspectos preocupantes. Hasta ahora no se ha fijado ningún plazo para la investigación en curso.
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Las investigaciones se centrarán en particular en «la difusión y amplificación de contenidos ilegales y desinformación en la UE», dijo Thierry Breton.
La nueva legislación ha permitido a Bruselas lanzar una amplia ofensiva contra las mayores plataformas de distribución de contenidos y comercio en línea.
Ya se han abierto varias investigaciones preliminares sobre distintos temas contra Apple, Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok, Snapchat, YouTube y Amazon.
Pero el procedimiento abierto este lunes contra X no tiene precedentes y pone de manifiesto la preocupación específica del regulador europeo al respecto.
«Aumento alarmante de la desinformación»
Bruselas ya había expresado a finales de septiembre su preocupación por el nivel de desinformación en X, señalando sus resultados particularmente pobres en las pruebas realizadas en varias plataformas.
Tras comprar Twitter el año pasado, Elon Musk llevó a cabo una oleada masiva de despidos, que diezmó los equipos de moderación. Regularmente, ha reafirmado su visión de la libertad de expresión, rechazando cualquier forma de «censura», aunque insiste en que respeta las leyes de cada país.
En noviembre, la Comisión Europea pidió a sus servicios que suspendieran sus campañas publicitarias en X, medida justificada también por un «alarmante aumento de la desinformación y el discurso de odio» en la plataforma.
La DSA impone una serie de obligaciones, como actuar «con prontitud» para retirar cualquier contenido ilegal o impedir el acceso al mismo en cuanto la plataforma tenga conocimiento de él. También obliga a suspender a los usuarios que desafíen con frecuencia las prohibiciones.
Las grandes plataformas también deben analizar por sí mismas los riesgos asociados a sus servicios y poner los medios para mitigarlos. También están obligadas a facilitar al regulador y a los investigadores autorizados el acceso a sus datos para que pueda verificarse el cumplimiento de la normativa.
