Estados Unidos acusa a Diosdado Cabello de viajes frecuentes a zonas fronterizas con Colombia para coordinar envíos de cocaína con el ELN, en una red de narcotráfico que habría usado pistas clandestinas y grupos armados para mover droga hacia Centroamérica y Norteamérica.
Diosdado Cabello, número dos del gobierno venezolano, figura en una acusación formal de Estados Unidos que lo vincula con operaciones de narcotráfico en alianza con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo insurgente con presencia histórica en Colombia y zonas limítrofes de Venezuela. La Fiscalía y el Departamento de Justicia estadounidense señalan que Cabello habría viajado repetidamente entre 2022 y 2024 a pistas de aterrizaje clandestinas en la frontera para asegurar el tránsito de cocaína desde Venezuela hacia el norte.
El campo de acusaciones se enmarca en un expediente judicial en una corte federal de Nueva York, donde también se persigue al expresidente venezolano Nicolás Maduro por cargos similares, en el marco de lo que Washington describe como una red criminal organizada bajo el nombre del “Cartel de los Soles”.
Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura de Cabello, a quien se le atribuyen vínculos no solo con el ELN, sino también con otros actores de la delincuencia organizada, como el Tren de Aragua.
Estas acusaciones se producen en medio de la captura de Maduro por parte de fuerzas de EE. UU., un hecho que ha sacudido la relación entre Caracas y Washington y ha elevado la presión sobre el régimen venezolano en temas de narcotráfico y respeto a la ley internacional.
Operaciones en la frontera y relaciones con el ELN
Según el documento judicial estadounidense, Cabello habría viajado con frecuencia a zonas cercanas a la frontera colombo-venezolana, a áreas donde el ELN controla pistas clandestinas de aterrizaje que facilitan el movimiento de cocaína. Allí, bajo la supuesta coordinación con el grupo guerrillero, se habría garantizado la “seguridad” de los envíos de droga dentro de territorio venezolano.
Estas rutas ilegales desde Venezuela han sido parte de observaciones de inteligencia en el Catatumbo, una región colombiana que ha enfrentado altos niveles de violencia y presencia de grupos armados, incluida esa guerrilla, que además de operar en Colombia tiene facciones que se mueven a través de trochas y zonas fronterizas hacia y desde Venezuela.
La acusación señala dos modalidades principales de transporte: vuelos “aprobados” por militares venezolanos afines al régimen y vuelos clandestinos sin autorización oficial, lo que permitiría evadir sistemas de control aéreo de países vecinos y transportar la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
A finales de 2024, el expediente sostiene que Cabello comenzó a recibir ganancias procedentes de estos envíos. Para 2025, según testimonios de inteligencia, narcotraficantes colombianos discutieron continuar el tráfico de cocaína a través de rutas venezolanas, en cooperación con socios vinculados a Cabello.
Relacionado con este entramado, informes de inteligencia señalan además que la supuesta red bajo Cabello habría logrado consolidar estructuras delictivas transnacionales, integrando elementos del Estado venezolano con facciones del ELN, lo que supone un riesgo para la seguridad regional en la frontera andina.
Implicaciones políticas y de seguridad
Las implicaciones de estas acusaciones trascienden el ámbito judicial y se insertan en un complejo escenario geopolítico. El ELN, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, ha intensificado sus acciones violentas en regiones colombianas como el Catatumbo, complicando los esfuerzos de seguridad de Bogotá.
Desde Washington, la política ha sido reforzar las operaciones en el Caribe para interceptar lanchas y vuelos usados para el narcotráfico, como parte de una estrategia más amplia para contener el flujo de drogas hacia su territorio.
La situación en la frontera ha llevado a que países vecinos activen medidas de defensa y seguridad; por ejemplo, el Ministerio de Defensa colombiano ha anunciado el despliegue de más de 30.000 uniformados para controlar la situación en el límite con Venezuela, ante el temor de reacciones del ELN tras la captura de Maduro y las presuntas alianzas criminales señaladas.
Si bien las autoridades venezolanas, incluida la figura de Cabello, han declarado públicamente su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, esas declaraciones contrastan con las acusaciones formales presentadas por Estados Unidos, que apuntan a una cooperación estructural con grupos ilegales como parte de mecanismos de protección y expansión de redes delictivas.
