Es el primer pedido de condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández y promete con agitar todavía más un ya convulso panorama político en Argentina. Todo tiene su origen en la denominada causa ‘Vialidad’.
Dentro de este caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz, considerada la cuna del kirchnerismo.
Contratos para ‘favorecer’ a un amigo
La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien determinó que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado al empresario Lázaro Báez, amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien gobernó el país entre 2003 y 2007.
Por este caso, Fernández fue procesada a finales de 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
El fiscal que interviene en el juicio oral, Diego Luciani, aseguró el lunes 22 de agosto que ha quedado demostrado que Fernández era la «jefa» de una asociación ilícita.
¿En qué consiste el caso?
Fernández, de 69 años, está acusada de encabezar el complot para la adjudicación de esos 51 contratos de obras públicas viales a Lázaro Báez, muchas de las cuales nunca se terminaron o implicaron sobrecostos.
Los fiscales dicen que Báez, un exempleado bancario que de repente se convirtió en un magnate de las obras públicas, creó la empresa Austral Construcciones como una forma de ganar licitaciones estatales con la ayuda de sus amigos, los Kirchner.
Otras 12 personas también están procesadas en el caso, incluidos Báez y Julio De Vido, el ministro que estuvo a cargo de Obras Públicas durante la Administración de Fernández.
“Estamos ante la mayor maniobra de corrupción que ha conocido este país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos finales en el juicio de Fernández, quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, antes de convertirse en vicepresidenta en 2019.
El presunto fraude contra el Estado les costó a las arcas del país alrededor de mil millones de dólares, dijo Luciani, quien también propuso decomisar bienes de los 13 acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).
La expresidenta ha negado con vehemencia los cargos en su contra en el juicio de tres años y ha dicho que los jueces ya tienen la sentencia en su contra “escrita e incluso firmada”.
Miles de personas se han manifestado a lo largo de esta semana para condenar el hecho, al tiempo que varios presidentes de la izquierda latinoamericana han mostrado su apoyo a la alta funcionaria.
Sobre este caso, según medios locales, se espera una sentencia definitiva para fin de año, que podría ser apelada.
Un país con alta percepción de corrupción
Transparencia Internacional elabora anualmente un índice mundial de percepción de corrupción, en el que cero equivale a un país muy corrupto y 100 a uno muy transparente.
En 2021, Argentina se ubicó en el puesto 96 entre 180 países y su puntuación fue de 38 sobre 100, con una caída de 34 puntos frente al año anterior, lo que además lo convirtió en la nación de la región que más bajó.
El organismo destacó que en este país «la injerencia en el poder judicial por parte de las autoridades políticas pone en peligro la independencia del país y crea una impresión de impunidad».
