Tremendo escandalo formaron algunos periódicos nacionales y los amigos del fracking por un fallo del 11 de octubre expedido la Corte Constitucional mediante el cual, al parecer, los municipios carecen de competencia para decidir sobre si se exploran y explotan o no los yacimientos de petróleo, pues ello corresponde a las autoridades nacionales- ya que los recursos del subsuelo son de propiedad del Estado.
Con esto se iban a pique las consultas populares que son una de las expresiones del derecho de los ciudadanos (garantizado constitucionalmente y reconocido por la Corte) a participar en la toma de las decisiones que los afectan (artículos 2 y 79 de la Constitución Política).
El escandalo fue acompañado de declaraciones festivas en distintos medios, en especial los interesados extranjeros y nacionales en impulsar la explotación petrolera en yacimientos no convenciones, o dicho de otra forma, interesados en fracturar las rocas madres que contiene la riqueza petrolera.
La perversa alegría de las compañías petroleras no contaba con dos detalles para aguarles la rumba. Uno: Si bien los recursos del subsuelo son del Estado, este lo conforman el poder, pueblo y el territorio. No se puede entonces disfrazar un anhelo de sectores del Gobierno amigos de este modelo de explotación en favor de empresas trasnacionales como un requerimiento general.
Dos: La idea de pueblo, entendido como el recurso humano del Estado y quien expresa su voluntad en ejercicio democráticos, no desaparece o se congela ante apremios circunstanciales de buscar petróleo donde sea y como sea para aprovechar el incremento de los precios.
Creo, siguiendo a exmagistrados constitucionalistas que se han pronunciado sobre el tema, que la voluntad popular se mantiene con buena salud en tanto se mantiene vivo artículo 79 de la Constitución, que consagra, como deber del Estado, el de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y garantizar la participación de la comunidad en estos asuntos.
Así las cosas, en la región del Magdalena Medio, hoy la niña de los ojos de muchas empresas petroleras, incluida Ecopetrol correría el riesgo de un ‘despapaye’ de su subsuelo y todas las graves consecuencias que implicaría el impulso del fracking si las comunidades organizadas no entran a ser verdaderos sujetos de derechos fundamentales en defensa del espacio vital, la vida y el sano desarrollo.
No bastan las declaraciones jurídicas, o los importantes foros y eventos que sobre el tema se adelanten es necesario que concurran las movilizaciones conscientes de las comunidades como mecanismo de protesta en defensa de la vida y respaldo a las consultas populares como expresión extrínseca del constituyente primario y el sano desarrollo, claras políticas de las administraciones públicas y la clase política sobre este asunto. Y es aquí donde surge el miedo y un poco de desencanto.
Miedo por ver que hoy por hoy lo que existe es un espíritu mercantil, maquiavélico y rastrero de entregar los recursos naturales no renovables y públicos a los contratistas de todo tipo a cambio de coimas y en el que participan sin vergüenza alguno representantes de ellos y medios de comunicación que hacen eco a este tipo de degradaciones que atentan contra los habitantes no solo de la zona sino de todo el país.
Desencanto porque hay quienes ofrecen sus nombres a la opinión pública para ser representantes de la voluntad popular y que utilizan fugazmente, sin profundidad y compromiso los temas de defensa del medio ambiente solo para colincharse en las eventuales dádivas que les ofrezcan los interesados en volver chiqueros y fuentes de envenenamiento nuestras fuentes de agua o en su defecto usando la calamidad de una comunidad como plataforma de campañas políticas disfrazando las reales intenciones que finalmente terminan siendo cómplices de estos asesinos de los ecosistemas.
Pero no todo es oscuro. Gratificante aun es divisar verdaderos defensores de nuestros territorios ya como profesionales independientes desinteresados, al igual como expresiones organizadas de la sociedad civil, o en su defecto como pocos líderes comunitarios, o como honestos trabajadores de los medios de comunicación que aún subsisten, que juntos conforman un nueva fuerza de cambio que exploran nuevos rumbos y mejores momentos para la ciudad, la región y el país, teniendo siempre presente que el compromiso es de todos.