Por: Amparo Vásquez Borja/ Actualmente, se volvió cliché ver en los medios de comunicación, hablar de la problemática que viene enfrentando el sector de la construcción en especial el de vivienda, y se habla de los incumplimientos por parte de las constructoras y ni que decir de aquellas que se acogen al régimen de insolvencia.
El Covid-19, no sólo ha dejado secuelas en la vida de las personas, pues también las ha dejado en el sector de la construcción, pues a la fecha, muchos empresarios de este sector, están tratando de recuperar la empresa para no terminar liquidándola.
Recordemos que el sector de la construcción en Colombia, genera 1.5 millones de empleos en el país, pues 1 de cada 5 empleos pertenece al área de la construcción.
Cada vez que se construye un nuevo proyecto de vivienda, VIS o no VIS, se construye país, se construye familia, pues por cada persona que sea contratada, se mejora la calidad de vida de toda una familia colombiana.
El sueño de una vivienda propia, es el mayor anhelo de cada colombiano, pues cada vez, que se conforma una familia, se teje una ilusión de tener vivienda propia, y el estado colombiano debe velar y garantizar este derecho, es por esto que, es de vital importancia una mayor inversión del gobierno en proyectos de vivienda VIS, pues por cada familia que logra acceso a una vivienda, se reduce el índice de pobreza, y desde luego esto reduce el índice de violencia.
La vivienda propia debe ser una prioridad para el gobierno actual y la inversión económica en estos proyectos son de suma urgencia, ya que de cada 10 viviendas que se han construido en el país, 7 de ellas han sido vivienda VIS.
La poca inversión en vivienda de interés social, por parte del gobierno actual, tiene a las constructoras en “cuidados intensivos”, pues el punto de equilibrio económico de los empresarios de este sector, siempre ha estado ligado a la construcción de vivienda VIS.
Aunado a lo anterior, se debe mira la otra cara de la construcción, y es que el modelo de venta o preventa de las viviendas, en su gran mayoría son en precios fijos, mientras que los insumos de materiales de la construcción siguen variando y han subido los precios cerca de un 20%, representando pérdidas para el constructor. Cifra suministrada por Camacol.
Actualmente se está presentando una lluvia de desistimientos por parte de los prometientes compradores, que adquirieron vivienda en proyectos sobre planos, por un valor fijo, y que posteriormente la constructora les informa sobre un incremento en el precio estipulado.
Estos desistimientos, llevan consigo demandas de protección al consumidor de vivienda y sanciones a la constructora por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por incumplimientos y cambios en los contratos de promesa de compraventa.
Sumado a ello, deben pagar las cláusulas penales por incumplimiento del contrato, cada comprador que gane la demanda por incumplimiento, representa pérdidas millonarias a la constructora.
Una constructora que presente crisis financiera, necesita de cuidados paliativos, lo que las lleva a solicitar procesos de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, para evitar que sean liquidadas.
El atlas de insolvencia creado por la Superintendencia de Sociedades, muestra el estado actual de las empresas por región, y las solicitudes de proceso de reorganización van aumentando año tras año.
Una cifra suministrada por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, correspondiente a la información extraída del SIGS y RUES, informa que, a 31 de diciembre de 2023, Santander, es la segunda región con más empresas en reorganización empresarial, con un total de 439 empresas, que tienen 2.847 empleados, siendo la primera Antioquia, con un total de 500 empresas en reorganización con 11.888 empleados.
Una empresa que logra llegar a un acuerdo de reorganización, es una empresa que logra salvarse, por los múltiples beneficios y garantías que otorga este proceso, pues el Régimen de insolvencia empresarial, ley 1116 del 2006, tiene como finalidad la protección de la empresa privada como fuente generadora de empleo en el país, ya que el 78% de los empleos en Colombia, los genera el sector privado. Cifra suministrada por el DANE.
La liquidación de una constructora, va más allá de ver una empresa cerrar. Si miramos el trasfondo que una liquidación empresarial, podemos ver la otra cara de la moneda, y es miles de familias sin un sustento económico, disminución en las ventas como el cemento, hierro, varilla, ladrillo, maquinaria y demás materiales de la construcción, sumado el desempleo, deudas, desistimientos, bancos, intereses, cobros, demandas, embargos, remates etc.
Pero, ¿qué pasa con el colombiano de a pie, que ha invertido todos sus ahorros, (si es que los tiene) en la cuota inicial del apartamento sobre planos, y la constructora se declara en insolvencia o en quiebra, como muchos le llaman?
Esta situación genera incertidumbre y mucho estrés, ya que el mayor temor del comprador es perder su platica y quedar endeudado con los bancos. Ante esto, muchos compradores, prefieren no demandar y conciliar con la constructora para que le devuelvan el dinero invertido, renunciando a reclamar clausulas penales, con tal de rescatar algo. Como dice el dicho, “mejor pájaro en mano, que mil volando”.
El desistimiento de compra, por parte de los prometientes compradores, en un proyecto de vivienda, que pasa por una crisis económica, es lo peor que le puede pasar a una constructora, porque esto agrava mucha más su situación económica.
Una empresa del sector de la construcción, no está exenta de pasar por una dificultad financiera, pero esta tiene solución si se busca a tiempo el proceso de reorganización, para salvar la empresa, evitar la liquidación y garantizar lo intereses de los prometientes compradores.
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*Abogada en Insolvencia Empresarial y Bienes Raíces. Especialista en derecho administrativo.
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