“El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado problemas graves de corrupción, como el manejo irregular de los recursos”, dijo este viernes en Bucaramanga el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira.
Reveló que en Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de 23.844 millones 912 mil pesos, en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.
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Según la investigación penal, en septiembre del mismo año se realizó una adición de $6.700 millones y posteriormente se presentó una nueva adición por $5.200 millones, de tal manera que el valor total del contrato ascendió a 35.744 millones 912 mil pesos.
“Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander; dijo el Fiscal Martínez.
Relató que las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las siguientes irregularidades:
Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.
La Fiscalía General de la Nación presentó los primeros resultados de la denominada ‘Operación Guane Fase 1’, de acuerdo con las denuncias y reportes recibidos el 13 de julio de 2017, en Bucaramanga, durante una jornada extraordinaria anticorrupción del plan Bolsillos de Cristal.
Proveedores ficticios
El análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.
Anomalías detectadas
Meta: en Acacías se formalizó un contrato por $30 millones con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
Huila: En Tarqui contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por $20 millones. Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató.
En Algeciras compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.
En Suaza pagaron $290 millones a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.
Tolima: En Rovira supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por $60 millones para el suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación.
Presentación de personal falso
El pliego de condiciones exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.
Falsedades en la contabilidad
En la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.
Este contratista —la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada— y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programara en los años 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018.
En total, el peculado por las irregularidades detectadas suma 2.125 millones 508 mil 408 pesos.
Resultados
Por estos hechos, el reciente 17 de noviembre fueron capturadas las siguientes personas: Ana de Dios Tarazona, Secretaria de Educación de la Gobernación; Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.
Las audiencias de control de garantías culminaron y el juez dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros.
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