Desde la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga se habrían adulterado documentos para blindar de críticas el proceso de contratación de la implementación de la telegestión de la red de luminarias de la ciudad.
Según reveló la Revista Cambio, los documentos que avalan la idoneidad de los protocolos elegidos fueron creados en una fecha posterior al día en que inició el proceso de contratación del proyecto, que fue el 4 de junio de 2021. Un funcionario de la Alcaldía, que aparentemente aprobó el contenido de uno de los documentos, negó que tuviera conocimiento de él y señaló que la Administración de Juan Carlos Cárdenas usó su firma sin su consentimiento.
La ley exige estudios técnicos que demuestren y especifiquen cuál es el fundamento por el cual se celebran contratos de esta envergadura, pero en este caso concreto todo indica que la Alcaldía contrató la instalación y puesta en marcha de la telegestión sin un soporte técnico, y, más adelante, modificó documentos para tapar el error.
La telegestión en las redes de alumbrado, que consiste en su control activo y monitoreo inteligente desde un centro de operaciones, requiere siempre de un protocolo de tecnología.
Para el proyecto en cuestión, la Alcaldía de Bucaramanga se decantó por el protocolo 6LowPan y desestimó otro protocolo, el LoraWan, considerado por expertos como el que mejor se ajustaba a las condiciones de la ciudad y que, además, había sido reseñado positivamente por la Alcaldía en años anteriores.
Así se destapó el escándalo
El primero de septiembre de 2021, el veedor Mauricio Díaz Millán radicó un derecho de petición ante la Administración municipal, en el que solicitó, “la documentación técnica en que se soporta la entidad para determinar los requisitos del sondeo de mercado, estudio técnico de referencia y pilotos que garanticen que el Alumbrado Público de Bucaramanga adquirirá una telegestión que esté de acuerdo con sus necesidades”.
Un mes más tarde, por correo electrónico, llegó la respuesta firmada por Nicolás Cobos, entonces coordinador de la Oficina de Alumbrado Público.
El funcionario anexó varios archivos que, en principio, explicaban por qué se incluyeron ciertos requisitos en la ficha técnica de negociación, entre estos, las razones por las que se prefirió usar la tecnología 6LowPan y no LoraWan.
En esos anexos se encuentran los documentos adulterados.
Documentos falseados
El primer documento adulterado –que Cobos hizo pasar como auténtico– analizaba el protocolo LoraWan y concluía que, tras ejecutar estudios sobre “el desempeño de esta tecnología en diferentes zonas de prueba”, no se había llegado a ninguna conclusión certera sobre el funcionamiento y recomendaba “realizar pruebas adicionales”.
En la última página, se señalaba que el documento había recibido la aprobación de Carlos Saúl Hernández –antecesor de Cobos en la Oficina de Alumbrado– y el ingeniero Gabriel Argüello, y la revisión de Mari Luz Rodríguez, Armando Jaimes y Óscar Javier Gómez.
Sin embargo, se conoció otro documento que sería la versión original del que aportó Cobos en la respuesta al derecho de petición. Su contenido es casi idéntico salvo por algunos detalles y apartados.
El documento adulterado señala que LoraWan presentó fallas, mientras que el original resalta su buen desempeño, alcance y cobertura. Es decir, la Administración modificó el documento original para descalificar el protocolo LoraWan –que sí funcionaba– y así poder argumentar la elección de 6LowPan.
Además, la fecha de creación del documento adulterado, según se puede revisar en sus propiedades virtuales, es posterior al día en que inició el proceso de contratación. El documento fue creado el 8 de septiembre de 2021 y la contratación tuvo lugar casi cuatro meses antes, el 4 de junio.
La prueba irrefutable de que se trata de un documento adulterado es el testimonio de Óscar Javier Gómez, uno de los funcionarios de la Alcaldía que, según figura en la versión que adjuntó Cobos, dio el visto bueno al contenido, recomendaciones y conclusiones que allí se reflejan.
El testimonio clave
Óscar Javier Gómez afirmó que nunca conoció del documento presentado por Cobos y, en cambio, sí aprobó el documento original, el cual destacaba el correcto desempeño del protocolo LoraWan. Agregó que su firma fue utilizada a sus espaldas y que dejó su cargo en la Alcaldía de Bucaramanga en diciembre de 2021.
«Mucho menos yo voy a hablar mal de un piloto que yo hice, ni voy a decir que faltó hacer otras pruebas… siendo que el piloto funcionó más de tres años bien. En el protocolo LoraWan se instalaron los nodos y, según las métricas que se querían medir, cumplió con lo que se quería hacer y ese es el que hubiera servido en este caso, en vez de 6LowPan. LoraWan sí cumplió con todo», aseguró la Revista Cambio.
Sus palabras dejan claro que desde la Alcaldía se falsificó el documento que él aprobó, y se presentó como auténtica una versión diferente.
Otro documento adulterado
El derecho de petición iba acompañado de un segundo documento adulterado. Su fecha de creación es también posterior al inicio del proceso de contratación. Su creador, como se comprueba en las propiedades del archivo, es Edson Gómez, asesor TIC de la Administración de Juan Carlos Cárdenas.
Se trata de un anexo técnico en el que se determina que 6LowPan es el protocolo idóneo para la telegestión que se quería instalar en Bucaramanga. Esto comprueba que los documentos en los que se esbozan las razones para decantarse por un protocolo (6LowPan) y descartar otro (LoraWan) fueron redactados después de haberse adjudicado el contrato, desconociendo así los principios básicos de la contratación pública.
Estas inconsistencias aparecen solo semanas después de que se revelara que Nicolás Cobos, el mismo funcionario que respondió el derecho de petición, advirtió al gobierno municipal sobre las fallas que presentaba el proyecto de telegestión, el pasado 19 de mayo. A pesar de sus avisos, la Alcaldía decidió seguir adelante con el contrato y Cobos terminó renunciando a su cargo como coordinador de la Oficina de Alumbrado Público.
Igualmente, la interventoría, en el informe final después de que liquidaran su contrato, señaló errores y problemas en la interfaz, violaciones a los lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), falta de soluciones para el registro fotográfico y la georreferenciación, ausencia de evaluación costo/beneficio del proyecto y quejas por el silencio de la administración y el alcalde ante los dos informes sancionatorios que radicó con anterioridad.
Juan Carlos Cárdenas y sus funcionarios insisten en que la telegestión en Bucaramanga funciona y, en consecuencia, que los $14.680 millones deben ser cancelados al contratista. De hecho, ya se autorizó el pago de un abono de $3.670 millones. El desembolso de este monto se dará a pesar de la adulteración de los documentos en los que se fundamentó el proyecto.
