La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobernador (e) de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa que prestará el servicio de transporte escolar en las zonas rurales y urbanas de 12 municipios del departamento, contrato que tiene un costo superior a $27.926 millones y beneficiará un total de 7.968 niños y niñas.
La solicitud del Ministerio Público, en desarrollo de una acción preventiva, tiene como fundamento principal la protección de los derechos fundamentales de los niños como sujetos de protección constitucional reforzada, y evitar afectaciones al ordenamiento jurídico y al patrimonio público.
En comunicaciones enviadas a Fuentes Medina, el órgano de control pidió los estudios, análisis y justificación técnica aplicados por la gobernación para fijar los requisitos exigidos a los interesados en brindar el servicio, y así verificar que en el concurso se diera aplicación a lo establecido en la normatividad legal, en lo relacionado con la selección objetiva de proponentes y la múltiple participación de oferentes.
Al proceso de licitación solo se presentó la empresa Unión Temporal Eikajuluin, integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Transportes Relaturg Limitada y Busservi del Caribe S.A.S.
Ante la falta de respuesta y precisión a las observaciones en el proceso preventivo, la Procuraduría le requirió al gobernador Fuentes Medina revisar la pertinencia de modificar o ajustar el cronograma de la licitación pública, hasta tanto el ente de control tenga claridad sobre la transparencia del proceso.
