A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández lidera con amplia ventaja la intención de voto y se aproxima a un triunfo en primera ronda, en un contexto electoral dominado por la inseguridad ciudadana y un alto nivel de indecisión.
Costa Rica acude este domingo a las urnas y el panorama electoral muestra una tendencia clara, aunque no definitiva. La candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), consolida el primer lugar en la intención de voto con un 43,8%, según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). La cifra la ubica por encima del umbral del 40% requerido para ganar la presidencia en primera ronda, aunque la elevada proporción de personas indecisas mantiene abierto el desenlace.
El sistema electoral costarricense establece que, para evitar una segunda vuelta, una candidatura debe obtener al menos el 40% de los votos válidos. De no alcanzarse ese porcentaje, las dos fórmulas más votadas deben enfrentarse en una segunda ronda, tal como ha ocurrido en las tres elecciones presidenciales más recientes, en 2014, 2018 y 2022. Este antecedente refuerza la cautela con la que analistas y actores políticos observan el actual escenario.
De acuerdo con el CIEP-UCR, un 25,9% del electorado aún no define su voto. Este segmento, que supera a cualquier candidatura individual distinta a la de Fernández, se convierte en un factor decisivo en la recta final de la campaña. “El nivel de indecisión sigue siendo alto y podría incidir de manera determinante en el resultado final, especialmente en la posibilidad de una segunda ronda”, señala el informe del centro académico.
La ventaja de la candidata oficialista frente a sus contendores es amplia. Ninguna de las otras 19 candidaturas supera el 10% de intención de voto. En segundo lugar aparece Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 9%, seguido por Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 8,6%. Más rezagados figuran Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%, y José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, con un 2,8%.
El contraste con la medición anterior del CIEP-UCR, realizada el 21 de enero, muestra un crecimiento sostenido de Fernández. En ese momento, la candidata encabezaba la intención de voto con un 40%, mientras que Ramos registraba un 8% y Dobles un 5%. El incremento en el respaldo a la aspirante oficialista coincide con una mayor dispersión del voto entre el resto de candidaturas y con el aumento del número de opciones con apoyos por debajo del margen de error.
En la encuesta más reciente, 16 de las 20 candidaturas presentan niveles de preferencia inferiores al margen de error, estimado en tres puntos porcentuales. En la medición previa, esa condición se daba en 14 postulaciones. Para el CIEP-UCR, este fenómeno evidencia una campaña altamente fragmentada y con dificultades para que las propuestas alternativas logren posicionarse con claridad ante el electorado.
Los comicios del próximo 1 de febrero no solo definirán la presidencia, sino también dos vicepresidencias y las 57 curules de la Asamblea Legislativa. En total, 3.731.788 personas están habilitadas para votar, lo que representa un aumento del 4,3% frente al padrón de 2022, equivalente a 160.981 nuevos electores. Este crecimiento, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), introduce nuevas dinámicas, especialmente entre votantes jóvenes.
El análisis sociodemográfico de la encuesta revela que la indecisión no se distribuye de manera homogénea. Las mujeres muestran mayores niveles de duda que los hombres, mientras que, por edad, la indecisión es más alta entre las personas de 18 a 34 años. Territorialmente, las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón concentran los mayores porcentajes de electores sin una preferencia definida.
El nivel educativo también incide. Las personas con educación primaria y secundaria presentan mayores niveles de indecisión que aquellas con estudios universitarios. Además, el informe del CIEP-UCR identifica una relación entre emociones y comportamiento electoral: la indecisión es más frecuente entre quienes manifiestan sentimientos de tristeza y angustia frente al proceso electoral.
En contraste, la base de apoyo de Laura Fernández se caracteriza por emociones positivas. Según el estudio, sus seguidores se describen mayoritariamente como “entusiasmados, esperanzados y tranquilos” ante las elecciones. El respaldo a su candidatura es mayor entre los hombres que entre las mujeres, con un pico en el grupo etario de 35 a 54 años. No obstante, su apoyo disminuye entre personas con educación universitaria y es territorialmente más fuerte en Puntarenas que en Guanacaste.
Álvaro Ramos, candidato del PLN, presenta un perfil distinto. Su respaldo es mayor entre mujeres, personas de 55 años o más y electores con educación universitaria. Geográficamente, concentra apoyo en San José, Heredia y Cartago. Emocionalmente, su electorado se asocia con sentimientos de “angustia, tristeza y preocupación”, una lectura que algunos analistas vinculan con la percepción de crisis y la demanda de cambios estructurales.
Por su parte, Claudia Dobles, de la CAC, encuentra mayor apoyo entre mujeres y personas menores de 34 años, así como entre electores con formación universitaria. Sus bastiones territoriales se ubican en Heredia, Cartago y San José. Al igual que en el caso de Ramos, las emociones predominantes entre sus simpatizantes son la angustia y la preocupación, lo que refleja un electorado crítico del rumbo actual del país.
Más allá de las cifras de intención de voto, la campaña se desarrolla en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado. Este tema se ha consolidado como la principal preocupación del electorado y ocupa un lugar central en los planes de gobierno de las principales candidaturas. En una medición publicada por el CIEP-UCR en diciembre de 2025, el 42,4% de las personas entrevistadas identificó la seguridad ciudadana como el problema clave para definir su voto.
Otros temas aparecen con menor peso relativo. El empleo y el crecimiento económico fueron señalados por el 13,3% de los encuestados, la lucha contra la corrupción y la transparencia por el 7,5%, la educación pública por el 6,9%, el costo de vida por el 4,6% y la salud y la Caja Costarricense de Seguro Social por el 4,0%. La centralidad de la seguridad se explica, en parte, por el deterioro de los indicadores de violencia.
Datos del Poder Judicial indican que 2024 cerró con 876 homicidios, mientras que 2025 registró 873, apenas tres menos. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calificó este periodo como el tercer año más violento en la historia reciente del país, con una tasa de homicidios dolosos de 16,7 por cada 100 mil habitantes. Muchas de estas muertes han sido atribuidas al narcotráfico y a enfrentamientos entre bandas delictivas.
En este contexto, Laura Fernández ha defendido la continuidad de la política de seguridad impulsada por el actual gobierno. La candidata sostiene que “la ruta en materia de seguridad se definió en 2022”, cuando el presidente Rodrigo Chaves asumió el poder e impulsó la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”. Según Fernández, esta política busca construir un país seguro “mediante la articulación de múltiples actores sociales y se basa en la prevención social, la atención de la criminalidad común, el combate al crimen organizado y la defensa de la nación”.
Álvaro Ramos, en cambio, plantea un enfoque que combina seguridad y salud pública. En su plan de gobierno propone enfrentar la criminalidad desde tres frentes: prevención, contención y represión del delito. El candidato del PLN afirma que su prioridad es “salvaguardar la integridad física de la ciudadanía” y plantea acciones específicas para la prevención del consumo de drogas, así como programas de tratamiento y rehabilitación.
Claudia Dobles propone una política integral de largo plazo que involucre a los tres poderes del Estado. La candidata de la CAC plantea la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección del Consejo de Seguridad Presidencial, con el objetivo de “definir directrices claras para combatir el crimen organizado durante la próxima década”. Según su propuesta, el sistema estaría “orientado a modernizar la gobernanza en esta materia y evitar la fragmentación operativa”.
En la recta final de la campaña, los partidos han intensificado sus actividades territoriales, conscientes de que la movilización del electorado será determinante. Con un cuarto del padrón aún indeciso y una historia reciente marcada por segundas vueltas, el resultado del 1 de febrero dependerá no solo de las preferencias declaradas, sino también de la capacidad de las candidaturas para activar a sus bases y captar a quienes aún dudan.
