Desde 2016 a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha recibido 19.014 quejas por vulneración del derecho a la vida a nivel nacional, de la cuales 7.186 por vulneración al derecho a la integridad personal, 205 quejas por vulneración al derecho a la libertad persona, es por lo anterior que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se trasladó a la ciudad de Cartagena para estudiar posibles soluciones a esta problemática.
La priorización de la intervención en los territorios que concentran mayor violencia, delincuencia y criminalidad; así como el endurecimiento de las penas contra los que atenten contra las fuerzas militares, entre otros temas, fueron abordados por diferentes sectores del Gobierno Nacional en el octavo foro territorial realizado en Cartagena.
El Foro territorial “Tu Congreso, Tu región, venimos a escucharte”, es un espacio creado por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, del Partido Conservador, quien, preocupado por las diferentes problemáticas del país, ha iniciado una serie de recorridos por las diferentes regiones para escuchar a las comunidades y, de esta manera, generar compromisos y soluciones con el apoyo de las entidades territoriales y gubernamentales.
En tal virtud, el senador Gómez Jiménez asistió a la capital del Bolívar con el fin de socializar las diferentes actividades que se llevan a cabo para fortalecer la seguridad ciudadana, debido a que es uno de los temas que más preocupa a sus habitantes, enfocado en la delincuencia, hurto, microtráfico, prostitución infantil y juvenil y, en general, el turismo sexual.
En este sentido, se dio a conocer el proyecto de ley que mejora las condiciones de seguridad ciudadana, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros.
Por su parte, Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, dio a conocer que la entidad ha realizado una ardua y constante gestión, “toda vez que desde 2016 se ha recibido a nivel nacional un total de 26.405 quejas por vulneración de los derechos que afectan la seguridad ciudadana, pero que son competencia de la entidad discriminados de la siguiente manera: 19.014 quejas por vulneración del derecho a la vida, 7.186 por vulneración al derecho a la integridad personal, 205 quejas por vulneración al derecho a la libertad personal”.
El defensor del Pueblo afirmó que se han presentado un total de “1.215 quejas relacionadas con situaciones que indican que ha incrementado la inseguridad en especial en el departamento de Bolívar, discriminados de la siguiente manera: 806 quejas por vulneración al derecho a la vida, 403 por vulneración al derecho a la integridad personal y 6 por vulneración al derecho a la libertad personal”.
Así mismo, Camargo Assis comentó que la inseguridad de la ciudadanía ha requerido un tratamiento especial, mediante la política marco de convivencia y seguridad ciudadana del actual Gobierno Nacional, por medio de la cual se ha priorizado la intervención en los territorios que concentran mayor violencia, delincuencia y criminalidad.
Para Carlos Medina, director de seguridad ciudadana de Asocapitales, propuso que se sume un capítulo al proyecto sobre el tema carcelario, debido a que existe un aspecto fundamental de impacto de esta iniciativa, que tiene que ver con que “vamos a necesitar más cupos carcelarios, así como solucionar la problemática que tienen las capitales en sus estaciones de policías y URIS”, entre otros.
Por su parte, Fernando Lozano, director de la política de seguridad y consolidación de la seguridad del Ministerio de Defensa, comentó, “en el sector defensa somos conscientes que la ciudadanía en general nos exige cada día más temas de seguridad ciudadana, para esto se han llevado a cabo diversas actividades como la realización de un ejercicio conjunto con el Ministerio del Interior, presentando una ley de seguridad ciudadana para fortalecer los factores y eventos que se deben atender como Gobierno”.
María Paola Suárez Morales, viceministra del interior, explicó que el proyecto de seguridad ciudadana cuenta con enfoques como un aumento en las penas contra aquellos que atentan contra la fuerza pública y contra funcionarios que desempeñan funciones de policía nacional; así como la revisión desde la perspectiva de peligro para la sociedad cuando se determina si una persona debe o no estar con medida de aseguramiento.
