Por: Daniel Haad/ En hora buena el Congreso ha mostrado resistencia ante el presupuesto presentado por el ministro Bonilla, lo cual representa una señal positiva y necesaria para el país, porque de aprobarse, Colombia enfrentaría un déficit fiscal de aproximadamente 12 billones de pesos, el cual el gobierno pretende sanar mediante la llamada Ley de Financiamiento, la cual, en la práctica, se traduce en la segunda reforma tributaria propuesta por el presidente Petro desde su llegada al poder.
Bien Congreso. La oposición a este excesivo endeudamiento no solo es un acto de responsabilidad, sino también una medida crucial para salvaguardar la regla fiscal del país. ¿Y es que qué está en juego con esta decisión? He identificado dos puntos cruciales para el desempeño del país en materia monetaria y fiscal.
En primer lugar, esta reforma tributaria traería consigo un incremento desmedido en los impuestos al carbono, encareciendo de manera significativa los combustibles de uso amplio en el país, como la gasolina, el gas, y el ACPM, productos cuyo encarecimiento afecta directamente no solo el transporte y la logística, sino también los costos finales de productos esenciales de la canasta familiar colombiana.
Además, estas presiones inflacionarias agregadas limitan significativamente la capacidad de maniobrabilidad del Banco de la República para implementar políticas monetarias efectivas, especialmente en un momento en el que el mercado mantiene la expectativa sobre la continuación de las políticas expansivas por parte de este.
En segundo lugar, la eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST) propuesta en esta reforma, colocaría en una situación particularmente vulnerable a las pequeñas y medianas empresas. Esta medida obligaría a los empresarios a regresar a un sistema tributario más complejo y no tan eficiente, donde tendrían que declarar ante múltiples entidades, aumentando así las barreras para la formalización laboral de las economías locales.
Consecuencias negativas tales como un incremento en evasión fiscal e informalidad laboral, puesto que el RST ha sido un instrumento fundamental para facilitar la incorporación de muchos empresarios al sistema formal, mejorando conjuntamente la efectividad del Estado en el recaudo de impuestos en este segmento y fortaleciendo el crecimiento de la economía formal en distintas regiones del país.
Finalmente, el Congreso tendrá hasta el 15 de septiembre para tomar una decisión definitiva sobre este importante asunto y es fundamental que nuestros congresistas voten con responsabilidad y atendiendo al claro malestar de una parte significativa de la población, que exige mantener las medidas que han contribuido el desarrollo económico en el país.
El verdadero problema no radica únicamente en los impuestos propuestos, sino en el gasto desmedido que implica el mantenimiento de un Estado cada vez más grande, donde los salarios del sector público representan más del 60% del PGN.
Sin duda alguna, la reforma más necesaria sería la reducción de la nómina estatal, en lugar de abrir más embajadas para acomodar a aliados políticos como Benedetti en Roma o crear ministerios inoficiosos, como el Ministerio de la Igualdad, que, pese a contar con cinco viceministerios, presenta una ejecución de solo el 1% de su presupuesto.
Es imperativo que el Congreso frene el despilfarro público y no permita trasladar la carga a los ciudadanos y al sector privado, que es el verdadero motor económico de Colombia.
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*Estudiante de Especialización en Economía de la Universidad Concordia, Canadá.
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