Actualmente en nuestro medio hay un principio de realidad y es que el poder económico condiciona y en algunos casos subordina al poder político.
Por: Álvaro Ruiz Rodríguez/ En el artículo anterior decíamos que una de sus actividades fundamentales del ejercicio del periodista es informar. Complementariamente también lo es el de opinar. Y es ahí quizá donde reside la principal dificultad de definir la línea roja desde el punto de vista moral y ético de quienes ejercen la profesión del periodista.
En realidad, todos tenemos derecho a opinar. Y lógicamente este derecho está soportado en la libertad de expresión.
Y como se trata de una opinión podemos hacerlo en cualquier sentido entendiendo que se trata de una idea, juicio o concepto que una persona tiene acerca de algo o alguien. Si coincide con la mayoría de las personas es lo que denominamos la opinión pública.
Las opiniones son por tanto múltiples y matizadas por indeterminados factores que inciden en la percepción de la realidad según los diferentes puntos de vista. Y claro, el espectro es bastante amplio entre varias personas acerca de un mismo tema; podrán coincidir o ser diametralmente opuestos.
Es importante considerar que las opiniones podrán ser válidas siempre y cuando se hagan con argumentos reales y fruto de análisis; silogismos que partan de premisas ciertas (puede sonar a pleonasmo). Esto naturalmente toma en consideración el respeto por las demás opiniones así sean contrarias a la suya.
El problema es que esto no es lo normal en nuestro medio. Desafortunadamente lo que prima actualmente son opiniones elaboradas con argumentaciones basadas en medias verdades (premisas falsas) que llevan a manipulaciones y conclusiones equivocadas, atendiendo intereses económicos o sesgos ideológicos, de parte de quienes tienen la dirección de los medios de comunicación.
Por las razones anteriores es fundamental analizar el aspecto comercial y empresarial que representa el periodismo en Colombia. Indudablemente que ahí es donde estriba la esencia de la degradación de la profesión del periodismo en nuestro medio.
La consideración se basa en que finalmente el tema de las comunicaciones masivas significa un servicio público.
El aspecto regulatorio de las comunicaciones en Colombia es manejado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. Así mismo, el marco legal general regulatorio está en la ley 1341 de 2009, en la que se trata lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, tarifas, régimen de competencias y protección al usuario.
Es importante reconocer que actualmente en nuestro medio hay un principio de realidad y es que el poder económico condiciona y en algunos casos subordina al poder político. Triste pero cierto.
Al mismo tiempo los grupos económicos más poderosos son los dueños de los principales medios de comunicación. He ahí el problema por cuanto no hay transparencia en la información que le llega al usuario dado el condicionamiento que ejercen en sus líneas editoriales y en la manipulación de la información priorizando sus propios intereses económicos.
En la práctica el usuario final recibe una información que es una “realidad” condicionada, manipulada, sesgada, perversa o, como lo mencionó el mismo Juan Gossain, “simplemente asquerosa”.
Las normas y leyes regulatorias establecen restricciones de propiedad para los diferentes agentes del mercado con el fin de evitar monopolios u oligopolios.
La regulación establece que los propietarios de las empresas de gas natural y de energía eléctrica que sean agentes del mercado dedicadas a las actividades de Generación, Transporte y Distribución deben ser diferentes entre sí, lo que debe demostrarse en la composición accionaria de dichas empresas; estas restricciones buscan transparencia del mercado relacionada fundamentalmente en garantizar que la medición sea correcta para proteger así al usuario.
Pues bien, en el caso de los medios de comunicación, haciendo un comparativo y similitud con dichos servicios, se presenta un evidente conflicto de interés tomando en consideración que los grandes grupos económicos, dueños de entidades de salud, de educación, de pensiones, de infraestructuras viales, de centros de diversión, etc., son también dueños de los medios de comunicación.
Entonces sesgan la información para controlar la opinión pública y beneficiar así a los intereses privados de los propios dueños de dichos medios. Frecuentemente se apartan de su rol de informar de manera objetiva e imparcial y se dedican a ser defensores y/u opositores a conveniencia en forma sesgada y descarada, sin escatimar esfuerzos (información asquerosa con todas sus letras)
Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Esta situación no sería un problema si no hubiésemos llegado en nuestra sociedad al derrumbe moral y ético en el que estamos. Porque los periodistas actuarían profesionalmente y no se dejarían condicionar en la forma cómo ejercer su profesión. Y seguramente también la gestión editorial si actuara profesionalmente respetando a sus colaboradores, no ejercería restricciones o injerencia en el ejercicio profesional de los periodistas, permitiendo ejercer su total autonomía. Pero lamentablemente no es la situación real que vivimos.
Al punto lamentable que, más allá del aspecto económico y laboral de los servidores de los medios de comunicación, está su propia vida; demostración de ello es que muchos han tenido que exiliarse para preservar sus vidas.
Ya hemos dicho que en nuestro medio el poder económico condiciona y en algunos casos subordina al poder político. Es un principio de realidad que no podemos desconocer.
El poder político termina legislando y gobernando para favorecer el poder económico (la plutocracia) en complacencia con la gran prensa, por lo que la mayoría de la población termina desprotegida.
Es indudable que la ausencia del ejercicio profesional de la prensa es que se ha contribuido para que sean tan grandes, graves y vergonzosas las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en Colombia; nos referimos a las ejecuciones extrajudiciales, homicidios en personas protegidas por miembros de la fuerza pública, que son en realidad delitos de lesa humanidad, pero que la propaganda oficial los llama falsos positivos, desvirtuando la gravedad del problema. Ante esto no tenemos una prensa crítica que proteja la población; por eso se permiten frecuentes eufemismos como en el gobierno anterior que llamaron “homicidios colectivos” para no mencionar lo que realmente ocurren que son las masacres.
En general es el drama por la injusticia social dada en Colombia en todos los órdenes, que es necesario corregir.
Con base en todo lo anterior, creemos que es pertinente que se plantee, ya sea por iniciativa del poder ejecutivo o del poder legislativo, una reforma a la ley 1341 de 2009, en la que se consideren restricciones a la composición accionaria de las empresas propietarias de los medios de comunicación. Las empresas propietarias de los medios de comunicación no deben ser empresas correlacionadas con empresas de servicios públicos o suministros de consumo masivo (tampoco que pertenezca a grupos económicos que si lo hagan), buscando además que esta propiedad sea lo más democrática posible o en todo caso, lo menos concentrada posible.
Esta restricción no riñe para nada con la esencia de la libertad de expresión, la cual fundamentalmente se materializa en el ejercicio libre, noble y espontáneo de informar y opinar profesionalmente sin tener el condicionamiento de hacerlo en forma sesgada para satisfacer determinados intereses, especialmente de quien le paga.
Finalmente, el ejercicio del derecho de libertad de expresión tendrá que hacerse sin lesionar los derechos de los demás.
La convivencia democrática se logra cuando la sociedad aprende a autofundar su orden social.
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*Ingeniero Mecánico (UIS) y Máster en Administración de Empresas (USTA).