Una semana después que el Comité Transparencia por Santander alertara sobre posibles irregularidades en un proceso de licitación a cargo de la Gobernación de Santander, para adjudicar un contrato por $26 mil millones, que busca la construcción y el mejoramiento de las vías secundarias del departamento; la Procuraduría General de la Nación decidió ponerle la lupa a la situación.
En carta enviada a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Santander, el ministerio público solicitó responder de fondo esas denuncias sobre la Licitación Pública IT-LP-21-01.
La Procuraduría también ofició al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), para que informara “con carácter urgente si el proceso licitatorio IDE-LP-001-2021 es el mismo que hoy se denomina IT-LP-21- 01 y enviar un informe con los debidos soportes documentales en el que se describan las actuaciones adelantadas para dar continuidad a la contratación de las obras”.
Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander, aseguró hace unos días que en este caso “se encontró la misma metodología de calificación detectada en otros procesos de la Gobernación y el Idesan para descalificar a la mayor cantidad de oferentes posible”, mediante la evaluación de criterios que no se encuentran contenidos expresamente en los pliegos tipo, los cuales son inmodificables.
“Este proceso tiene las mismas irregularidades que llevaron al Idesan a revocar su propia evaluación y a suspender el proceso licitatorio (vía La Virgen – La Cemento)”, sostuvo la vocera Pabón, al tiempo que pidió a la Gobernación de Santander actuar “de acuerdo con los principios de transparencia y selección objetiva”.
“Actuaciones que no son transparentes”
El representante legal de XIE S.A., quien participa en la licitación pública, Óscar David Vargas Galindo, hace unos días solicitó la intervención de la Procuraduría luego de denuncias posibles “actuaciones que no son transparentes” en el proceso de licitación pública.
“Vemos con inmensa preocupación que la entidad tiene una interpretación sesgada del pliego de condiciones, cuando el pliego de condiciones de obligatorio cumplimiento y no debe inducir al error a los proponentes, es como, la Gobernación de Santander interpreta a su acomodo el pliego y realiza exigencias de imposible cumplimiento a los proponentes, igualmente 10 minutos antes de dar inicio a la audiencia de licitación, se pronunció frente a la subsanación y esgrimió nuevos argumentos y exigencias las cuales no fueron presentadas en la evaluación preliminar”, dijo Vargas Galindo en un comunicado de prensa.
Adujo que, “el proceso de licitación puede estar direccionado”, al denunciar que “de 29 proponentes solo se encuentra habilitado uno solo, el único que contaba con los requisitos nuevos, de conformidad con la lectura que entrega la entidad al pliego de condiciones, un solo proponente cumple con exigencia desconocidas por el resto de los proponentes y con requisitos nuevos, solo presentados 10 minutos antes de iniciada la audiencia de adjudicación”.
Traslado a la Fiscalía
La Procuraduría ofició a la Fiscalía Seccional de Santander para consultar el avance de la denuncia radicada por tres miembros del comité evaluador del Idesan por inconsistencias en la evaluación de las propuestas dentro del proceso licitatorio IDE-LP-001-2021.
“Al parecer, este proceso contractual es el mismo que fue asumido por la Gobernación IT-LP-21-01 tras haber sido declarado desierto por presentar similares irregularidades, razón por la cual, la Procuraduría Regional de Santander inició una acción preventiva que actualmente se encuentra activa”, dijo el ente de control en un comunicado.
Según lo expuesto por Comité de Transparencia de Santander, en la audiencia de adjudicación virtual de la IT-LP-21-01 se descalificaron las ofertas de proponentes que participaron en el proceso contractual por no presentar el paz y salvo de seguridad social, a pesar de que este documento no fue exigido como requisito en el pliego de condiciones.
“Mediante esta actuación preventiva el Ministerio Público vigila el cumplimiento de los postulados que rigen la contratación estatal, y busca garantizar el principio de transparencia para evitar que se beneficien intereses particulares”, concluye la Procuraduría.
