Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ La crisis en la distribución de medicamentos es cada vez más alarmante. Las crecientes y constantes quejas de los usuarios ya han cobrado la vida de pacientes que mueren esperando que les entreguen sus medicamentos[1]. Lo más alarmante es que quienes podrían solucionar la crisis no se ponen de acuerdo con la causa del problema: mientras distintos gremios del sector acusan al gobierno por falta de pagos[2], el gobierno acusa a las EPS de malos manejos[3] y posible corrupción en la gestión de medicamentos, como demuestra un reciente informe de la ADRES[4].
Según la ADRES, las EPS podrían estar desviando fondos en la gestión de medicamentos que explicarían -en parte- la crisis actual. Para llegar a esta conclusión, la ADRES contrastó la información que registraron 8 de las 30 EPS activas en sus bases de suficiencia (informes que reflejan los gastos de las EPS) con los registros de servicios que reportan las IPS -clínicas y hospitales-. El informe de la ADRES encuentra posibles actos de corrupción en los registros de ventas de medicamentos, así como el pago de medicamentos con sobrecostos e irregularidades en las frecuencias de ventas[5].
Para el caso específico de medicamentos, la ADRES comparó el registro de compras de medicamentos de las EPS con los reportes de ventas de laboratorios farmacéuticos en el SISMED, el cual es un sistema que registra y monitorea las compras y disponibilidad de medicamentos en el país. Lo particular es que la ADRES encontró que el 23% de los medicamentos que compraron las EPS no tienen registro de ventas en el SISMED. Es decir, las EPS facturaron con recursos públicos medicamentos que no tienen constancia de venta formal, lo que presume un posible esquema de corrupción mediante compras ficticias para legalizar cobros.
Sin embargo, las irregularidades que encontró la ADRES en la gestión de medicamentos de las EPS van más allá de posibles compras ficticias. Uno de los hallazgos más inquietantes fueron las inconsistencias en las frecuencias de atenciones médicas, con personas que podían tener más de 750 dosis prescritas de un mismo medicamento en un solo mes. Es decir, una sola persona en un solo mes podía generar un gasto total al sistema mayor a 1500 millones de pesos por concepto de más de 750 dosis de un medicamento.
La ADRES también encontró posible corrupción en sobrecostos en pago de medicamentos, venta de medicamentos sin el registro sanitario y un posible detrimento de 112 mil millones en pagos de biomoléculas (medicamentos). Recordemos que la ADRES solo analizó 8 EPS de las 30 que operan activamente, lo que plantea la inquietud de cuál sería la magnitud del problema si se revisaran todas.
Estas irregularidades en los reportes de las EPS, que podrían encubrir casos de corrupción, son el argumento principal del gobierno para oponerse a pagar las deudas de las EPS y pactar girar mayor presupuesto (mediante la Unidad de Pago por Capitación -UPC-)[6]. A pesar de que es un hecho que el sistema necesita más financiación para subsistir, el informe de la ADRES sugiere que esta necesidad de financiación sería consecuencia de las posibles prácticas corruptas de las EPS y no de la falta de pagos del gobierno.
Independientemente de si la falta de recursos es por corrupción de las EPS o no, debemos recordar que los principales afectados por la crisis son los pacientes. No tiene sentido enfrascarse en una discusión de si es culpa del gobierno o de las EPS, sino tomar acciones que regulen el problema en el corto plazo. Por esto, el gobierno debe ceder ante la solicitud de mayor financiación, esto sin descuidar la implementación de mecanismos que eviten abusos por parte de las EPS.
Cuando está en juego la vida de las personas, no hay discusión política que valga. La prioridad debe ser atender la crisis actual para evitar que mueran más pacientes esperando medicamentos. Esto, sin dejar de investigar la posible corrupción que habría contribuido al desabastecimiento en el sistema. Es verdad que es necesario un debate sobre la corrupción en las EPS, pero la emergencia no puede esperar.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Juan Romero (marzo de 2025). El drama de la escasez de medicamentos en Colombia: una crisis que cobra vidas; niño murió por falta de medicamentos. Infobae.
[2] Redacción Web (marzo de 2025). Escasez de medicamentos en Colombia: gremios culpan al Gobierno. Infobae.
[3] Bárbara Andreina Orozco Ostos (marzo de 2025). Presidente Petro asegura que son las EPS las que tienen deuda por medicamentos. La República.
[4] Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- (enero de 2025). Ejercicio de contraste para apoyo en el cálculo del incremento de la UPC. Dirección General ADRES.
[5] Ver página 5. ADRES (enero de 2025) Ejercicio de contraste para apoyo en el cálculo del incremento de la UPC. Dirección General ADRES.
[6] Luciano Niño (marzo de 2025). Petro confirmó que el Gobierno nacional no pagará las multimillonarias deudas de las EPS: “Tienen que pagar, sino se liquidan”. Infobae.
