El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó este martes en el Congreso, con mensaje de urgencia, el Proyecto de Inversión Social, que busca recaudar $15,2 billones al año.
Según las estimaciones del Gobierno Nacional, la iniciativa beneficiará a 7,8 millones de hogares, es decir a más de 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia. El Gobierno también indicó que este es el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.
Cabe mencionar que este articulado es el resultado de un consenso con distintos actores como jóvenes, congresistas, beneficiarios de los programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales.
El articulado del proyecto de #InversiónSocial, que se radica hoy para la aprobación del Congreso, incorpora los aportes de miles de colombianos que coincidieron en que en esta iniciativa debe extender los programas sociales como #IngresoSolidario y el subsidio a la nómina. pic.twitter.com/pcUJDdZ204
— MinHacienda (@MinHacienda) July 20, 2021
Entre las propuestas está la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que iría hasta diciembre de 2022 y llegaría a más de cuatro millones de hogares a partir de abril del próximo año. Los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos.
En el proyecto también hay un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. Estos subsidios permitirán recuperar cerca de 500.000 empleos, de acuerdo con los cálculos de la Cartera de Hacienda y Crédito Público.
El apoyo a la nómina (Paef) es otro programa que se busca extender por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando a 400.000 empleados con un costo de $1,1 billones.
Además, en el proyecto hay mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.
Por el lado del plan de austeridad, con el articulado se generarían ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio. Según el Ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. También se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.
“Llegaremos a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó Restrepo.
En la lucha contra la evasión de impuestos, se pretende recaudar $2,7 billones anuales. Las nuevas medidas en este sentido incluyen la expedición del RUT y las declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Por último, por el lado del recaudo, se mantendrá el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.
También establecería una tarifa de renta para empresas de 35% y continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. Para las microempresas continuará vigente el Régimen Simple de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.
Se propone una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.
“Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la Dian”, explicó Restrepo.
El Ministro recalcó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales e insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales ni modificará la estructura del IVA.
El proyecto radicado permite la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA y pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Para ello, fortalecerá la independencia y la capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, así como definirá un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales esta variable, que será de 55% del PIB.
