Vía libre para negociar. El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 418, el marco jurídico de la ‘paz total’, la primera ley que sale del Congreso durante su administración y que le permitiría iniciar negociaciones con grupos armados.
«Se ha renovado la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la paz total en Colombia», aseguró Petro tras la firma.
El mandatario explicó que «habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen, habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país».
La Ley 418 da al jefe de Estado facultades para negociar con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o las disidencias de las Farc, y abre una alternativa para cientos de jóvenes a prestar el servicio social como un complemento al servicio militar obligatorio, entre otros asuntos.
El marco jurídico fue firmado el viernes por Petro y por los ministros de Interior, Alfonso Prada; Defensa, Iván Velásquez y Justicia, Néstor Osuna, en la hacienda presidencial Hatogrande en el norte de Bogotá.
Desde que tomó posesión, el pasado 7 de agosto, Petro insiste en impulsar una ‘paz total’, con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
Ley abre puertas a próximas negociaciones
El Ministro Alfonso Prada, Portavoz del Gobierno Nacional, comentó a los medios que las negociaciones tendrán un diferenciador dependiendo de la organización con la que el gobierno decida sentarse, y que será definida por una comisión de alto nivel conformada por el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado para la Paz y por el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
“Ellos tres conforman esta instancia que es supremamente importante en la paz total porque va a calificar el tipo de organizaciones con las que vamos a comenzar, o un diálogo político (como con el ELN) o por otro lado, la califican como una organización de alto impacto del crimen, lo que ustedes han conocido como bandas criminales.”, aseguró Prada, aclarando que estos últimos tendrán un acogimiento a la justicia.
El artículo cinco del texto explica que se podrían realizar “acercamientos” y “conversaciones” con estructuras ilegales de alto impacto que “demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho”.
Incluso la ley deja abierta la posibilidad de negociar con los llamados “desertores de la paz”, aquellos firmantes de los acuerdos de paz de 2015 y que decidieron rearmarse, como el caso de Iván Márquez.
Se espera que Colombia inicie diálogos en noviembre con el ELN, la guerrilla más antigua de América Latina. Los encuentros se realizarían en Cuba con la presencia de delegados de Noruega, España, Chile y Venezuela.
Otra novedad de esta ley es la creación del servicio social, que dará la oportunidad a los jóvenes colombianos de elegir trabajar con víctimas o en temas ambientales, así mismo la creación de zonas especiales de la Paz y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas.
En los primeros nueve meses de 2022 unas 90.000 personas han estado confinadas en sus hogares en Colombia producto del conflicto armado, según la Organización de Naciones Unidas, ONU, la cifra más alta en una década.
Otras 75.000 personas se vieron obligadas al desplazamiento forzado en el mismo periodo de tiempo según la organización, que agregó que gracias a la iniciativa de “Paz total”, la cifra comenzó a descender considerablemente desde septiembre.
