La Procuraduría General de la Nación a través de una acción de tutela logró la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Sikuani Guacamayas Mamiyare de Cumaribo – Vichada, a la propiedad colectiva, la territorialidad indígena, la diversidad étnica, la igualdad y al debido proceso.
El Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda – precisó que frente a la titulación de tierras, que inició la comunidad en 1997, y que en abril de 2011, según el entonces Incoder, se encontraba en etapa de sustanciación; constituye una dilación “para resolver, más allá de un plazo razonable”.
“El trámite ha tenido una duración mayor a ocho (8) años lo cual podría involucrar, en principio, una afectación a las reglas del plazo razonable, así como a las garantías de conservación de la entidad étnica y la cultura a través de la propiedad colectiva”.
El fallo fijó a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras concluir en 4 meses el proceso de titulación de tierras, constitución, ampliación y/o saneamiento solicitado por la comunidad, y notificar a la Procuraduría las decisiones de fondo.
La Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá ejercer funciones de control administrativo orientadas a constatar y asegurar que se cumpla la orden impartida.
El fallo también ordenó a la Alcaldía Municipal de Cumaribo (Vichada) y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior colaborar armónicamente en el proceso de restablecimiento de derechos de la comunidad Guacamayas Mamiyare, con un enfoque integral y en coordinación con las entidades competentes.
