Este domingo 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la firma de la primera versión del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Aunque los avances son innegables, la implementación del pacto sigue siendo desigual y todavía hay muchos asuntos pendientes.
Diversos sectores culpan el Gobierno del actual presidente Iván Duque por la difícil aplicación de los puntos clave del acuerdo, que incluyen la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la cuestión de la reparación a las víctimas.
Según el último informe de seguimiento de la implementación del acuerdo, presentado en enero de 2021 por senadores y representantes independientes y de la oposición, Colombia ha visto un importante incremento en el número de asesinatos de líderes sociales, así como un aumento de los desplazamientos forzados.
De igual forma, en cuanto a los temas de reparación a las víctimas y dotación de tierras, el reporte determinó que el Estado colombiano tardaría decenas de años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto, mientras que sólo se ha asignado el 0,08% de las 3 millones de hectáreas previstas del Fondo de Tierras, el mecanismo creado para implementar la reforma rural integral.
Pero hasta el momento, el mayor fracaso de la implementación del acuerdo según las organizaciones de derechos humanos ha sido la violencia contra los excombatientes desmovilizados, teniendo en cuenta que 286 de ellos han sido asesinados desde la firma del pacto. El país sigue además enfrentando frecuentes ataques contra civiles y asesinatos de líderes locales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que solo este año, hasta el mes de julio de 2021, 103 líderes y 31 firmantes del acuerdo fueron asesinados y ocurrieron 60 masacres con 221 víctimas mortales en el país.
El presidente del Indepaz, Camilo González Posso, advirtió que existe una «situación crítica» en la aplicación del acuerdo y señaló que los avances no superan el 20% de lo acordado, cuando inicialmente se estipulaba una implementación del 40% a esta altura. El dirigente responsabilizó al Gobierno y al partido oficialista de persistir en «dinámicas de guerra, discursos de odio y desconocimiento de la legitimidad de los acuerdos». A la vez, alertó sobre la «reproducción de violencias», con asesinatos de líderes sociales o masacres, que no son «tan intensas como antes del acuerdo», pero resultan «nocivas para la sociedad».
Un largo camino por recorrer
Sin embargo, otros sectores consideran que los logros del acuerdo son tangibles y que, a pesar del escepticismo general alimentado por las dificultades, se están dando pasos positivos para consolidar el proceso de paz.
El mayor logro del pacto es, sin dudas, la desmovilización total de la guerrilla que entregó por completo las armas; eso a pesar de la existencia de algunas disidencias. Además, en agosto de 2017, los exguerrilleros crearon su partido político, inicialmente llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y hoy renombrado Comunes.
Otros hitos incluyen la creación a partir del acuerdo de instituciones como la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial de Paz.
En una entrevista con France 24, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, uno de los principales encargados de implementar el acuerdo de paz, realizó un balance positivo de su implementación.
Para apoyar su mirada, Archila se basó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que “continúa aclamando la manera cómo el presidente Iván Duque está llevando a cabo la implementación de los acuerdos” y en la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, quien “estando con el presidente le decía que esta implementación es un caso de éxito”.
Sobre el tema de la violencia hacía los exguerrilleros, Archila aseguró que “como resultado de la implementación de los acuerdos de paz, Colombia es un mucho mejor país. Pues antes de que se iniciara la implementación, las cifras de homicidios, secuestros, minas antipersonas, ataques terroristas y niños reclutados ilegalmente eran por muy superiores”.
Poco interés de Duque
El actual plan gubernamental para la implementación del acuerdo consiste en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en temas como el desarrollo rural, la atención a las mujeres y la sustitución de cultivos, que están dirigidos a los 170 municipios colombianos más afectados por la violencia.
Pero sus críticos afirman que el Gobierno se ha centrado más en la reincorporación de excombatientes mientras que otros puntos fundamentales como la reforma rural y la sustitución de cultivos ilícitos se siguen postergando.
Alejo Vargas, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, expresó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que «el trabajo del consejero Archila ha estado muy centrado en un aspecto del acuerdo, pero no en otros, que para (el Gobierno) eran menos políticamente importantes o atractivos (…) En esos no hay ninguna gestión ni implementación por parte del Gobierno».
Entre estos aspectos, menciona el primer y el segundo punto del pacto: «reforma rural integral» y «participación política y apertura democrática para construir la paz», los cuales no han avanzado mucho en los tres años del Gobierno de Duque.
El experto declaró que esto se debe a que el presidente colombiano «surge de (la) coalición de fuerzas políticas que se opusieron» al tratado. De hecho, esta semana, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario calificó el acuerdo de paz de “frágil”.
