Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Los incendios forestales, la expedición de un cuestionado Decreto para acabar con las empresas mineras en el país, el desabastecimiento de agua en Bogotá, la declaratoria de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, la reunión de la COP16 en Cali y la disminución de la tasa de natalidad, fueron los seis hechos de mayor relevancia en materia ambiental que se registraron en 2024 en nuestro país.
El inicio del año pasado estuvo marcado por una serie de incendios forestales que se suscitaron en diversas partes del país durante el verano de enero y que impactaron la vida de todos los colombianos, especialmente cuando se publicaron esas dramáticas imágenes de los cerros tutelares de Bogotá ardiendo en llamas, un espectáculo dantesco que fue visto por todos en la ciudad, transmitido por medios y redes sociales a todo el país y que generó terror y pánico entre los ciudadanos.
Mientras la tragedia ocurría y haciéndole conejo a la consulta ciudadana, el Gobierno promulgó el Decreto 044 de enero de 2024, que con cuestionadas facultades legales y evocando una sentencia de acción popular emitida por el Consejo de Estado que no le imparte ninguna orden al primer mandatario, impuso “criterios” para declarar y delimitar “reservas de recursos naturales de carácter temporal” como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del ambiente, cuyo objetivo es, supuestamente, contribuir con el ordenamiento minero ambiental del país, pero que lo que busca en el fondo es dotar de atribuciones a la Ministra de Ambiente para expedir decisiones que impidan el desarrollo de “ciertos” contratos de concesión minera que tiene suscritos la Agencia Nacional de Minería (ANM) con personas y compañías nacionales y extranjeras, con miras a lograr su quiebra y el cierre de sus actividades.
Esta norma ha sido criticada por todo el sector empresarial colombiano y por personas de otros ámbitos, incluidos ambientalistas y hasta por Asocars, el gremio que asocia a las autoridades ambientales regionales del país y hoy se debate en una polémica cuya defensa ha centrado la atención del gobierno, que teme ver frustrado su objetivo y que quiere, de cualquier manera, quebrar a los empresarios y que los principales yacimientos mineros queden a merced de la criminalidad organizada.
Contra este controvertido decreto se interpusieron varias tutelas fallidas y cinco demandas de nulidad que cursan en el Consejo de Estado y que, al cierre de despachos judiciales, seguían pendientes de decisión respecto a la medida cautelar de suspensión solicitada en todos ellos.
Hacia el mes de abril se suscitó otro de los principales hechos que tuvo impacto local y nacional y fue que, abrupta y sorpresivamente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se quedó sin agua suficiente para el abastecimiento de los Bogotanos, lo que llevó al alcalde de la ciudad a salir públicamente a culpar de este hecho al Fenómeno del Niño y al cambio climático, como justificantes para decretar un racionamiento del servicio público que, inicialmente se dijo sería solamente por la época de verano, pero que desde entonces anticipamos que se tornaría en una medida de carácter indefinido, que los bogotanos en su ignorancia terminaron asumiendo en silencio y con resignación, sin musitar palabra al ver que las tarifas del agua siguen incrementándose a pesar de las falencias en la continuidad del servicio.
No hay duda que la crisis del agua llegó en 2024 para quedarse y que durará hasta que hasta que los capitalinos despierten, entiendan lo que está pasando, protesten y exijan de la administración de turno el desarrollo de las obras de almacenamiento que estaban proyectadas desde hace más de 30 años para la capital y que se detenga la salvaje densificación urbanística de la ciudad y de la Sabana de Bogotá, o hasta que los políticos se convenzan y admitan que la desidia de la EAAB no tiene mucho que ver con los fenómenos climáticos, y se den a la tarea de acopiar recursos suficientes para construir las obras que no se hicieron oportunamente, tomando como excusa y como distractor la protección del medio ambiente.
En agosto del año pasado, la Corte Constitucional fue noticia cuando declaró la exequibilidad de la Ley 2273 de 2022 aprobatoria del Acuerdo de Escazú en materia de derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en materia ambiental, y que establece una especial protección para los defensores ambientales; un hecho que sorprendió a muchos y que tuvo un sabor agridulce entre sus promotores, que hoy están en el Gobierno, al descubrir que esta es una excelente herramienta para hacer oposición política, pero que vista desde el ejercicio de los cargos públicos ya no resulta agradable, pues se torna como una especie de condicionante o “piedra en el zapato” para la toma de decisiones de interés ambiental.
Lo curioso de este hecho es que pasados ya 4 meses desde que se conoció el comunicado de prensa de la Corte, la Sentencia C-359 de 2024, cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, inexplicablemente no se conoce aún, sin que nadie sepa explicar por qué.
Lo más importante que ocurrió en el país en materia ambiental fue indudablemente, al final del año, la celebración en Cali de la reunión N° 16 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como la COP16, un costoso y publicitado acontecimiento social pagado enteramente con recursos públicos colombianos, que acogió a representantes de los 196 países miembros del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que, sin novedades ni mayores retos o resultados, se convirtió en una excelente vitrina para el adoctrinamiento ambiental especialmente de jóvenes desprevenidos e ingenuos que hoy están a la expectativa de recibir un subsidio por volverse defensores de medio ambiente, bajo un esquema que está diseñado para convertirse en la mayor plataforma política con la que la Ministra de Ambiente está buscando adeptos para ver si le alcanza el oxígeno para emprender una campaña por la Presidencia de la República o para alcanzar al menos una curul al Senado.
Finalmente, algo que ha pasado casi desapercibido pero que es necesario destacar es que, en Colombia la tasa de natalidad que ha venido decreciendo sistemáticamente desde 2014, el año pasado tuvo un desplome grande pues, según el DANE, cayó en un 10% pasando de 434.253 nacimientos en 2023 a 371.777 en 2024, incluidos los nacimientos en el país de hijos de migrantes venezolanos, lo que significa que ya estamos por debajo de la cifra que según los demógrafos se requiere para que la población mantenga su tamaño en el tiempo.
Esa noticia podría interpretarse como positiva si consideramos los efectos ambientales que tiene el crecimiento poblacional sobre el medio ambiente; pero la pregunta que hay que hacerse es si tal hecho tendrá algún efecto en la política gubernamental o si seguiremos proyectando de la misma manera las necesidades del territorio, sobre todo cuando se define el desarrollo de sectores como el de la construcción.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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