Tras el anuncio del Gobierno Nacional de llevar a cabo en los próximos días la entrega de contratos para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), 50 congresistas, entre ellos tres de Santander, le solicitaron al Presidente Iván Duque, suspender el desarrollo de los mismos.
Estos pilotos son, según el Decreto 328 de 2020, “procesos experimentales y científicos que buscan fundamentalmente recopilar información social, ambiental y de reservas de hidrocarburos, así como promover la participación ciudadana y el acceso a la información para evaluar los impactos del fracking”.
Los inminentes pilotos llevaron a los representantes al Cámara de Santander, Ciro Fernández Núñez (Cambio Radical), Jairo Cala (Partido Farc) y Fabián Díaz Plata (Alianza Verde), junto con 47 senadores y representantes más, a exponerle a Duque sus “serias dudas respecto a la posibilidad que tienen los PPII de entregar información certera sobre los riesgos del fracking”.
Para los firmantes, es imposible que pueda reducir la incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y para el ambiente.
“Se deben suspender los pilotos”
Mediante una misiva, los parlamentarios le solicitaron a Duque, “suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los Pilotos de Fracking y/o los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI) y así brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia”.
Advierten que, “el ritmo acelerado con el que el Gobierno promueve estos proyectos es desconcertante”.
Recordaron que el ministro de Minas y Energía, expresó el pasado 6 de octubre que el objetivo del Gobierno era el de evaluar los proyectos piloto antes de que finalice el mandato actual del Gobierno en agosto de 2022.
“Ese tiempo es muy limitado desde todo punto de vista: estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años, como ha sido ampliamente documentado en las áreas explotadas mediante el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina”, consignaron.
Y es que, los PPII buscan evaluar, en un corto plazo y con pocos pozos, los impactos ambientales y sociales que se darían en el mediano y largo plazo con los miles de pozos necesarios por cada campo, como nos lo muestran las experiencias de los países mencionados.
“Sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación”, indicaron los congresistas.
Y agregaron: “Adicionalmente, las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias ambientales. Todo lo anterior representa serios conflictos de interés que desde todo punto de vista vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se pretenden contratar”.
El impacto será negativo
A criterio de los parlamentarios, las normas expedidas por el Gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades. “No es posible implementar de manera segura el fracking en la modalidad de pilotos”, expone la comunicación.
Adicionalmente -dice- los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan, a todas luces, falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático, “no garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran ‘comunidad’ a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos”.
Aclararon que la evaluación de los resultados, en vez de llevarse a cabo por parte de evaluadores pares externos como es habitual en los estudios científicos, corre por cuenta de comités liderados y conformados en su mayoría por el mismo Gobierno Nacional, lo cual podría resultar en un sesgo a la hora de evaluar los métodos utilizados y los datos obtenidos, que además repercutiría en la legitimidad del gremio de los hidrocarburos.
En la actualidad, están transitando dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas.
Un extraño afán por el fracking
En la carta dirigida al presidente de la república, los congresistas dejaron en claro que “un tema tan importante y complejo amerita un análisis sosegado, y un proceso participativo, con el que estamos comprometidos”.
Para ellos, el avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial.
“La pandemia del Covid-19 le ha impuesto al Congreso nuevas dificultades para cumplir sus funciones constitucionales. Nos preocupa que mientras estamos trabajando en la virtualidad y ocupados en gran medida en la búsqueda de soluciones a la crisis de salud pública y a la recesión económica, se avance en un proceso tan delicado como el de los PPII sin que este sea sometido al necesario control político”, denunciaron.
Dejaron en claro que no existe fundamento lo suficientemente sólido para avanzar sin ningún tipo de precaución en la implementación de los pilotos. “Si la razón para acudir al fracking es el autoabastecimiento del país, no se entiende el motivo por la cual continuamos con las exportaciones de hidrocarburos”.
A la fecha, existen diferentes procesos judiciales vigentes contra la técnica del fracking y en ellos no se ha logrado desvirtuar la incertidumbre existente sobre sus impactos sociales y ambientales, ni siquiera en la modalidad de Pilotos.
“Es ello, y en aras del respeto por la institucionalidad, es necesario que se tengan en cuenta estas variables antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, so pena de correr con un riesgo innecesario frente a eventuales demandas en contra del Estado por incumplimiento”, destaca la comunicación.
