Por: Juvenal Bolívar/ El pasado 26 de agosto se cumplieron dos años del intento de atraco más descarado, vil y desalmado del que se tiene memoria en Bucaramanga: El corretaje para favorecer a Vitalogic en un negocio multimillonario donde la familia del alcalde de Bucaramanga jugaba al ‘gana-gana’.
En 2016 se suscribió el denominado “acuerdo para distribuir corretaje por gestión y acercamiento para la celebración de contratos”, un documento formalizado en notaría donde Luis Carlos Hernández Oliveros y Socorro Oliveros, hijo y esposa del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, presuntamente participaban en su nombre, en un negocio por debajo de la mesa para favorecerse ellos y unos privados del negocio de las nuevas tecnologías en El Carrasco. (Ver contrato)
Este ‘escándalo del Corretaje’, revelado en exclusiva el 15 de diciembre de 2017 por el portal corrillos.com.co, puso en evidencia posibles manejos turbios que estaban dirigidos a entregarle un cuantioso contrato a la cuestionada firma Vitalogic RSU, previo pago de unas coimas millonarias. Esa noticia puso en evidencia la verdadera cara del mandatario bumangués.
En ese famoso contrato actuaron Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto (el corredor) y Luis Carlos Hernández Oliveros, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez y Jorge Hernán Alarcón Ayala (los gestores), quienes pactaron repartirse una jugosa comisión que debían cancelar las empresas JC de Colombia EU y Servicios Convergentes de Colombia SAS (Sercon), siempre y cuando el alcalde Hernández le entregara el manejo de las basuras a cuestionada Vitalogic.
Las reglas del juego eran claras: Entre el corredor y los gestores se repartían de forma equitativa y concertada la comisión pactada entre el corredor y las empresas JC de Colombia, una distribuidora de plantas para el tratamiento de basuras con tecnología Wastaway y la sociedad Sercon SAS, para la operación y procesamiento de las basuras.
La labor de los gestores era la de hacer el acercamiento de estas empresas con el gobierno de Bucaramanga, lo cual no era difícil, toda vez, Luis Carlos Hernández era el encargado de convencer a su padre; lo que a la postre se dio. Rodolfo Hernández, contra viento y marea anunció que ese contrato iba porque iba, pese a las advertencias que le hiciera la propia Procuraduría sobre la inconveniencia del mismo.
Dice el contrato: “JC de Colombia pactó con el corredor una comisión por su gestión de promoción, acercamiento, gestión y facilitación de venta de plantas procesadoras de residuos sólidos urbanos (basuras con tecnología Wastaway y por cuya intermediación recibiría 666.000 dólares, comisión que se genera por la venta real y efectiva de una planta para procesar 360 toneladas métricas diarias de basura o su equivalente”.
Por su parte Sercon SAS estipuló con el corredor una comisión por su gestión de promoción, acercamiento, gestión y facilitación en la celebración de un contrato por término de 30 años para la operación y procesamiento de las basuras, equivalente al 2.2% de participación en la operación por todo el tiempo del contrato. Ese dinero se lo repartirían así: Jorge Hernán Alarcón Ayala (‘la calavera’ que diseñó los pliegos para la Emab) el 34%; Luis Carlos Hernández Oliveros (hijo del alcalde) el 28% y Luis Andelfo Trujillo Rodríguez (testigo que denunció el hecho ante las autoridades) el 15%.
El contrato de corretaje deja al descubierto que la labor de los gestores para lograr el acercamiento entre las autoridades municipales y las empresas contratistas, “es decisiva en la labor del corredor para desarrollar su encargo o corretaje”, lo que muestra la clara intención de ‘tocar’ al alcalde Rodolfo Hernández con el negocio de las basuras.
Debido a las tareas que debían cumplir los beneficiarios del contrato de corretaje –seguramente por debajo de la mesa- los intervinientes consignaron una cláusula sobre manejo de información, “donde reconocen y aceptan la naturaleza reservada que ostenta la labor de intermediación que supone el trabajo desplegado para lograr el acercamiento de las empresas contratantes y las autoridades municipales de Bucaramanga, que conduzca a la contratación perseguida”.
Insisten en que “todo el material e información que llegue a su poder con motivo de la ejecución del mismo, su identidad o participación en el acercamiento, parentesco u otro dato que pueda manejarse constituye información, datos confidenciales, cuya revelación o utilización por parte de terceros puede ser perjudicial para las partes y para terceras personas, razón por la que las partes se obligan a mantener la información y naturaleza de su gestión, en las más estricta reserva y confidencialidad”.
Incluso, determinaron que “las obligaciones de confidencialidad que los contratantes pactan en recíproco beneficio, estarán vigentes aún si no se suscribe el contrato perseguido y no se levantará la reserva aun habiéndose terminado la relación contractual gestionada, en el evento de realizarse”.
Aunque el contrato de corretaje, que puso en entredicho la transparencia del gobierno de Rodolfo Hernández, se suscribió hace dos años, solo hasta que Corrillos hizo la revelación sobre su existencia, las autoridades abrieron las investigaciones respectivas.
Luis Andelfo Trujillo, un comerciante bumangués que reside en Cúcuta, se constituye en el testigo clave de este proceso. Incluso, él fue quien reveló a Corrillos que además de las nuevas tecnologías, con Rodolfo Hernández y su familia se venían trabajando otros seis negocios, de los cuales tiene evidencia de las conversaciones que tuvo con el hijo del mandatario bumangués y que ya entregó –junto con un sinnúmero de pruebas- tanto a la Fiscalía y como a la Procuraduría.
Trujillo decidió echar de cabeza a sus antiguos socios –según el- porque el alcalde y su hijo le incumplieron y le deben plata de esos negocios y que pese a que les solicitó la devolución de su inversión, ellos se hicieron los locos.
Rodolfo Hernández ha negado su participación en el negocio de Corretaje pero aceptó que su hijo si suscribió el polémico documento. En varias ocasiones ha mencionado que él debe responder por sus actos, aunque el testigo ha afirmado –y así se lo hizo saber a la Fiscalía- que de todos esos turbios movimientos tuvo conocimiento el alcalde.
La pregunta que nos hacemos todos: ¿Cuándo nos darán respuesta los entes de control? ¿Cuándo dejarán de hacerse los de la vista gorda?
Twitter: @JuvenalBolivar – Facebook: Juvenal Bolivar
