Por: Holger Díaz Hernández/ Una vez se produjo el hundimiento del proyecto de ley de Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado, el siguiente paso ha sido abocar la discusión de la pensional, que está en segundo debate en la plenaria del mismo.
Para muchos entendidos en la materia, la Reforma a la Salud fue solo un sofisma de distracción para desviar el foco de atención a esta cuando lo que realmente interesaba desde el principio al gobierno y a todos los actores del sistema, era la Reforma Pensional.
Partamos de un principio, el país si necesita una Reforma Pensional por varias razones: porque menos del 20% de los adultos mayores en Colombia tiene derecho a una pensión, la población está envejeciendo y cada vez es más necesario que estos cuenten con un ingreso que este por encima de la base de pobreza para poder subsistir, en el área rural solo un 5% de la personas mayores tienen posibilidad de pensión y en las ciudades entre el 45 y 60% de la población en edad de trabajar están en la informalidad y nunca lograrán acceder a una pensión, además es hora de quitarle el subsidio a las grandes pensiones que benefician a unos pocos a costa de los impuestos de todos nosotros.
En el proyecto actual es loable: el pilar solidario que beneficiará a cerca de 2 millones de adultos mayores en línea de pobreza extrema y el pilar semi contributivo que ayudaría a quienes solo alcancen a cotizar entre 300 y 1.000 semanas y tengan más 65 años de edad, las mujeres hasta los tres hijos podrán disminuir en 50 semanas sus tiempos de cotización, por cada uno de ellos y además se reviviría la mesada 14.
Pero detrás de la reforma hay muchos intereses que poco benefician a la población, no se fortalece financieramente el sistema pensional, ni mejoran las coberturas de afiliación ni la equidad del sistema, con el agravante que la misma es inviable financieramente en el mediano y largo plazo y en 30 años se considera no habrá plata para pagar a quienes se pensionen en ese momento y finalmente porque no se tocan los regímenes exceptuados con lo cual se sigue enviando el mensaje de ciudadanos de primera y de segunda categoría.
Es claro que tanto al gobierno en cabeza de Colpensiones como a los Fondos privados (Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos) la reforma les beneficia en sus intereses económicos, afectando negativamente a los millones de afiliados que hoy apenas inician su cotización al sistema y a los no tienen el número mínimo de semanas cotizadas y no podrán entrar en el periodo de transición.
Voy a buscar sintetizar los alcances gruesos de esta reforma pensional: modifica de manera estructural la competencia entre los regímenes público y privado que existe desde la ley 100 de 1993, una vez entre en vigor la ley que sería en el 2026, todos los colombianos que cotizan en pensiones serán afiliados de manera obligatoria a Colpensiones en el régimen de prima media (RPM), quienes cotizan hasta alrededor de 2,3 salarios mínimos pertenecerán exclusivamente a este régimen (16 de los 18 millones de los afiliados actuales) y quienes lo hagan por encima de esta cifra, automáticamente serán afiliados también a un fondo privado de pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), por lo tanto estos fondos manejarán los recursos de las medianas y las grandes pensiones, eso significa que hay un gana-gana para todos.
Con esta decisión se elimina la libre competencia entre los dos sistemas y desaparece la posibilidad que el 80% de todos los afiliados que son quienes ganan hasta dos salarios, puedan elegir su fondo de pensiones.
El régimen de transición que aplicaría de acuerdo a lo aprobado hasta ahora, sería para las mujeres que tengan cotizados hasta 750 semanas y a los hombres hasta 900 semanas, en el momento de que entre en vigor la ley.
El gobierno aspira que, con la reforma, de los 420 billones de pesos que manejan en la actualidad los fondos privados, reciba aproximadamente unos 250 billones con los cuales buscaría apalancar los programas sociales que quiere implementar. Para evitar esto el congreso ha propuesto que se cree un Fondo de Ahorro dentro del Banco de la República que blinde los recursos del ahorro de los afiliados, pero esto sería ilegal porque la iniciativa tendría que partir del ejecutivo como lo define la constitución, tienen que aparecer alternativas viables para beneficio de todos.
En ese orden de ideas el proyecto de ley se encuentra en el segundo de cuatro debates necesarios y todavía hay mucha tela que cortar en las discusiones que se aproximan, aunque se dice en los mentideros políticos que esa ley está aprobada hace rato.
“Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad”: Ray Bradbury.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.
